Denunciados por un presunto delito relacionado con la falsificación de firmas, la notaria de Gobernación, Gina Talavera, y el gobernador electo detenido en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberán presentar sus declaraciones a la Fiscalía de Santa Cruz.
“Estamos investigando un presunto delito de incumplimiento de deberes y un presunto delito de falsedad material e ideológica dentro de una denuncia que ha interpuesto el Viceministerio de Transparencia en contra de la notaria de Gobierno y el señor Luis Fernando Camacho”, informó a los medios Yolanda Aguilera, fiscal a cargo del caso.
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Firmas
El hecho data del 1 de agosto de 2023. En ese entonces, Camacho, que fungía como gobernador desde Chonchocoro, La Paz, empastó una supuesta firma en un documento judicial para brindar poderes a algunos de sus secretarios en la Gobernación.
El poder no despertó polémica hasta abril de este año. Se observó que en el documento figuraba Santa Cruz como lugar de la firma. Pero Camacho no salió en ningún momento de la prisión de Chonchocoro.
Con el objetivo de esclarecer la situación, Efraín Suárez, vicepresidente de la agrupación Creemos, afirmó que fue él quien llevó el cuaderno a La Paz y se trataba de un “error de transcripción”. Sin embargo, la notaria Talavera no estuvo presente y aun así dio fe de la firma, en supuesta violación de la norma.
Tavalera inclusive nombró a dos testigos que estuvieron presentes en la firma, pero Suárez afirmó que solo él estuvo en presencia del gobernador electo. Entonces, no existe manera de verificar si la firma de Camacho es auténtica o si él instruyó que alguien más firme el documento en su nombre.
Poder
A raíz de los estudios grafológicos, las contradicciones entre los testimonios y otras irregularidades, se presentó la denuncia formal el jueves.
Se trata del poder 006/2023 que entregó autoridad a la directora de Asuntos Contenciosos del Servicio Jurídico Departamental y al director del Departamento Jurídico de Santa Cruz.
Carlos Correa, secretario de Justicia de la Gobernación, afirmó que se trata de un tema bastante “complejo”. En su criterio, este hecho podría desembocar en problemas institucionales en la Gobernación y en la nulidad de los actos realizados bajo ese poder.
“Hemos procedido a realizar la revisión, toma de fotografías y colecta de alguna documentación para efectos de la investigación (…); posteriormente se requerirá la realización de algunos estudios periciales si es necesario”, informó la fiscal, luego de que la Policía interviniera en la Gobernación.
Camacho
Camacho también es acusado de otros casos irregulares durante su gestión como gobernador, como el Decretazo o el Carro bombero. En febrero debía brindar su declaración por el caso Decretazo, por delegar funciones arbitrariamente y en contra del estatuto departamental. Sin embargo, su audiencia se suspendió debido a que no se permitió su traslado al penal de Palmasola, Santa Cruz.
“En todo proceso penal se tiene que citar a todas las partes denunciadas; entonces, obviamente, vamos a ver la forma de recibir declaración”, aclaró la fiscal Aguilera en relación al caso de Camacho.
Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde el 30 diciembre 2022, a raíz del caso Golpe de Estado I, por sus actos en 2019 que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
En la gestión del gobernador en ejercicio Mario Aguilera se iniciaron investigaciones y auditorías que revelaron que la Gobernación de Santa Cruz se encuentra en un estado de deterioro bastante crítico.
Hasta el momento, se encontraron irregularidades como el incremento injustificado de personal, compras sin registro, servicios deficientes y desactualizados, obras inconclusas. Además, la Gobernación acumula una deuda económica que alcanza Bs 1 millón.
