La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) señaló que presentará una denuncia en contra del juez Roberto Cruz Hurtado por liberar a tres acusados de ocasionar incendios en la población de Guarayos, Santa Cruz.
En una audiencia de medidas cautelares, el administrador de justicia concedió libertad irrestricta a Grover Quiñones, Ascencio Yraori y Mario Fernández. En pasados días, se encontró a los acusados en posesión de 4.000 litros de combustible.
El juez desestimó las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público, basadas en un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial, que mostraba el origen de la quema y la cicatriz que se registra.
“Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez Cruz, por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y prevaricato”, dijo el jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano.
Adujo que la justicia no acompaña la lucha contra los incendios en el país, debido a que es el tercer proceso en el que se deja en libertad a los aprehendidos.
PROCESOS
Acotó que la ABT activó 274 procesos administrativos y 61 procesos penales en respuesta a las quemas ilegales e incendios en el país. Las brigadas de fiscalización de la ABT continúan desplegadas en las zonas más afectadas. El propósito es identificar a los responsables y aplicar las sanciones conforme a ley.
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Hasta ahora se han abierto 274 procesos administrativos: 161 en Santa Cruz, 41 en el Beni y 72 en otras regiones. De estos, 158 corresponden a propiedades privadas y 116 a comunidades campesinas, interculturales o territorios comunitarios de origen (TCO).
En apoyo a la lucha contra los incendios, el 21 de agosto, el Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5203. La norma establece un aumento en las multas por quemas ilegales, con valores que oscilan entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Esta normativa entrará en vigor una vez que la reglamentación sea completada por la ABT.
Según el cálculo, la multa por la quema ilegal de una hectárea alcanzará Bs 2.459.
