La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, denunció que, el martes, en la inspección del terreno afectado por mazamorra en Bajo Llojeta participaron las alcaldías de Achocalla y La Paz, y el Concejo Municipal y técnicos del Gobierno. No obstante, reclamó que la Gobernación y la Subalcaldía Sur “brillaron por su ausencia”.
“Ayer hemos estado todos juntos. La Gobernación ha brillado nuevamente por su ausencia, no es la primera vez y lo reclamo profundamente. Tampoco estuvo personal de la Subalcaldía Sur que debería ser la más interesada”, lamentó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
En la entrevista, la concejala contó que, el martes, los actores estuvieron en una reunión desde las 08.00 hasta las 13.00 en busca de soluciones. Posteriormente, desde las 14.00 hasta las 19.00, las instituciones conjuntas hicieron una inspección desde la parte superior del Cementerio Jardín Los Andes hasta llegar a la Urbanización Santa Cecilia.
Después del encuentro se determinó, ante el riesgo de posibles eventualidades por las lluvias, emitir notificación para evacuar a las familias de las viviendas en riesgo de la zona de Bajo Llojeta. “Se tiene que evacuar a las familias que están ahí”.
“Esta semana tenemos la probabilidad de precipitaciones pluviales y eso pone en riesgo nuevamente estos sectores”, añadió.
A su vez, afirmó que se notificará con una cartilla a las familias del sector para que conozcan una ruta crítica en el momento de una emergencia.
El sábado ocurrió un deslave cuyo origen fue al área del Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.
El lunes, Arias, acompañado por vecinos afectados, formalizó una denuncia penal en oficinas del Ministerio Público contra la inmobiliaria Kantutani, a la que apunta como responsable de la mazamorra.
La acción legal establece la comisión de cuatro delitos: estrago, daño calificado, homicidio culposo y lesiones graves y leves.
Y el martes, los alcaldes Arias y Manuel Condori, de Achocalla, develaron en con rueda de prensa conjunta que la Inmobiliaria Kantutani no estuvo autorizada para el movimiento de tierras en el camposanto.
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