La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, aseguró que hay responsabilidad de los alcaldes de Achocalla y La Paz por omisión de acción pública en el deslave en Bajo Llajta.
El sábado ocurrió un deslave cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Pérez del Castillo afirmó que hay responsabilidad de los alcaldes Manuel Condori (Achocalla) e Iván Arias (La Paz) por omisión de acción pública. “La responsabilidad pública se da por acción y omisión”.
Aseguró que, si ambas autoridades sabían que el río estaba rellenado y sabían que el daño era inminente, pudieron evacuar a las familias del lugar. “No hicieron nada, no hicieron lo que tenían que haber hecho. Eso tiene que ser puesto sobre la mesa”.
“Se tenía conocimiento de los movimientos de tierra y ambos alcaldes han dicho públicamente que conocían del movimiento”, añadió.
El lunes, Arias, acompañado por vecinos afectados, formalizó una denuncia penal en oficinas del Ministerio Público contra la inmobiliaria Kantutani, a la que apunta como responsable de la mazamorra.
La acción legal establece la comisión de cuatro delitos: estrago, daño calificado, homicidio culposo y lesiones graves y leves.
El martes, el alcalde del municipio de Achocalla anunció que su despacho demandará penalmente a la inmobiliaria Kantutani por la caída de una mazamorra en Bajo Llojeta.
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