La empresa Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes, solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan, públicas y privadas, en el caso de la mazamorra del sábado en la zona de Bajo Llojeta y que provocó la muerte de una menor, heridos y daños en viviendas.
La gerente general de Inmobiliaria Kantutani, Milenca Dávalos, afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.
Aclaró que los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.
Sobre la detención del arquitecto Luis Iturralde, propietario de la empresa, reveló que éste tenía prevista una cita médica en Santiago de Chile, debido a un accidente que sufrió el pasado martes 19 de noviembre, cuatro días antes de los hechos, y que, por lo tanto, de ninguna manera abandonó el país con fines de fuga.
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TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN
La empresa insistió en que solo una auditoría permitirá saber qué es lo que verdaderamente ocurrió y que esa respuesta, objetiva e independiente, es la que espera la población, en particular quienes sufrieron las consecuencias del desastre de Llojeta.
La aboga de la empresa, Nicol Gemio, añadió que la firma hizo trabajos de estabilización en la zona y que son de “pleno conocimiento” de la alcaldía de Achocalla. “Ellos nos han hecho las notificaciones pertinentes (y) nosotros hemos cumplido con las recomendaciones que nos han hecho”.
Papeles en mano, Gemio mostró el acta de conformidad suscrita el 5 de noviembre entre el propietario de la empresa inmobiliaria y los representantes de ese municipio.
