En medio de un conflicto de competencias territoriales tras la mazamorra que afectó a la zona de Bajo Llojeta, la Alcaldía de La Paz reafirmó que el cementerio Los Andes está dentro de su jurisdicción. Sin embargo, señaló que los permisos de movimientos de tierra en el área fueron emitidos por la Alcaldía de Achocalla.
En entrevista con La Razón Radio, el asesor la Alcaldía de La Paz Óscar Navarro aseguró que las leyes respaldan que el cementerio está en terrenos de La Paz. Sin embargo, la falta de límites definidos permitió que Achocalla realice intervenciones en el lugar.
“Nosotros hemos presentado en la Fiscalía todas las licencias de funcionamiento emitidas para la inmobiliaria Kantutani. Ninguna de estas incluye la dirección del cementerio Los Andes, en la avenida Mario Mercado 1.000. Hemos demostrado que la inmobiliaria coordina sus actividades con el municipio de Achocalla”, afirmó Navarro.
El deslizamiento de tierra que afectó el pasado sábado en Bajo Llojeta dejó una niña de cinco años fallecida, más de 40 viviendas afectadas y varias familias damnificadas. Según Navarro, el desastre fue causado por movimientos de tierra autorizados por Achocalla en el camposanto.
Navarro informó que la Alcaldía de La Paz solicitó a la Gobernación un proceso de delimitación territorial. Sin embargo, indicó que, si no se logra una solución en coordinación con el gobierno departamental, se debería convocar a un referéndum, como lo establece la normativa vigente.
“Para que los habitantes decidan a qué municipio quieren pertenecer”, sostuvo.
El funcionario cuestionó el accionar de la justicia, asegurando que las decisiones judiciales priorizan “usos y costumbres” sobre la normativa vigente.
“Hemos presentado planos y normas que demuestran que estas áreas son de nuestra jurisdicción, pero los jueces nos limitan, dificultando nuestras acciones y exponiendo a los vecinos a riesgos graves”, denunció.
El 28 de noviembre, el alcalde de La Paz, Iván Arias, durante su declaración ante la Fiscalía por la mazamorra en Bajo Llojeta, entregó documentación que, según en su criterio, prueba las irregularidades en el movimiento de tierras que llevaron al desastre.
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