El alcalde de Achocalla, Manuel Condori, fue aprehendido por la Policía en el marco de las investigaciones por el deslave en Bajo Llojeta, que dejó una niña fallecida y al menos 40 viviendas afectadas. El alcalde de La Paz, Iván Arias, fue citado a declarar el miércoles.
Cerca de las 18.30, la autoridad municipal llegó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz y conducido hasta una oficina donde, hasta el cierre de esta edición, continuaba prestando su declaración.
El 23 de noviembre, una torrencial lluvia causó una mazamorra y afectó cerca de 40 viviendas a su paso por el río Pasajahuira y enterró a Camila, la niña de cinco años de edad que quedó atrapada entre el lodo.
Luego del hecho, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los delitos de estragos y peligro de estragos con agravante, y otros.
La pasada semana el alcalde de La Paz, Iván Arias, y su par de Achocalla declararon en calidad de testigos.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció que, en las próximas horas, el alcalde Condori comparecerá ante la Justicia. La comisión de fiscales emitirá la imputación formal.
La pasada semana, la Policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, en La Paz, donde secuestraron documentación y computadoras.
INDICIOS
Mariaca explicó que, durante las primeras investigaciones, se hallaron indicios de responsabilidad de Condori en este caso. Además, señaló que existe peligro de fuga y obstaculización. Así lo advirtió la comisión de fiscales. Por todo ello se dispuso su aprehensión.
“Esta persona será puesta ante la autoridad jurisdiccional. Presentaremos la imputación después de que la comisión verifique todos los antecedentes”, dijo Mariaca.
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Asimismo, confirmó que la comisión de fiscales citó al alcalde Arias para declarar el miércoles.
“Tengo entendido que el día miércoles va a prestar su declaración informativa ante la comisión de fiscales que se ha conformado y que, de manera responsable, está llevando adelante esta investigación a objeto de que se pueda resolver”, dijo el fiscal en conferencia de prensa.
En tanto, la empresa Kantutani solicitó una auditoría técnica independiente para determinar responsabilidades, tanto públicas como privadas. Asegura que los trabajos de estabilización en la zona eran de conocimiento y supervisión de la Alcaldía de Achocalla, así como de la de La Paz en etapas posteriores. Sin embargo, las alcaldías deslindaron sus responsabilidades.
