El abogado de un sector de damnificados del deslave en Bajo Llojeta Gabriel Justiniano afirmó que los vecinos exigen, mediante una acción popular, informes de prevención e inversión a las alcaldías de Achocalla y La Paz.
El 23 de noviembre, ocurrió un deslave cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.
En entrevista con La Razón Radio, el jurista afirmó que los alcaldes Manuel Condori (Achocalla) e Iván Arias (La Paz) tienen responsabilidad, debido a que ambos tenían tuición de tomar decisiones sobre los movimientos de tierra en el predio del cementerio Los Andes.
“Vamos a exigir que el alcalde responda si hay un plan de gestión de riesgo. Y (la Justicia) medirá el grado de responsabilidad, pero ninguno de los alcaldes puede decir que no tiene responsabilidad”, dijo.
Destalló que la acción va contra las autoridades que hagan cometido ciertos actos u omisiones y ponen en riesgo derechos públicos. “Estamos demandando a ambos alcaldes y tienen que darnos esos informes”.
El abogado indicó que ambas autoridades deben informar si había un presupuesto, un plan de riesgos y, en caso de tenerlo, si se ha ejecutado de manera correcta.
Un grupo de abogados presentó, el martes, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular por el deslave en Bajo Llojeta que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas anegadas por lodo.
Los juristas afirmaron que con el proceso buscan garantizar que las autoridades municipales sean responsables en la protección de la ciudadanía.
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