Dirigentes de tres juntas vecinales y 13 representantes del Control Social de la ciudad de Santa Cruz rechazaron el acuerdo entre la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y los micreros para subir el costo del pasaje a Bs 2,37.
“Nos declaramos en emergencia por este incremento arbitrario e ilegal. Rechazamos esta decisión y el supuesto informe técnico del Ejecutivo Municipal que autoriza la subida del pasaje que atenta contra la economía de la gente”, señala el pronunciamiento.
El sábado, la dirigencia de los choferes y la de Fejuve, acordaron aplicar una tarifa transitoria de Bs 2,37.
Este lunes, otro grupo de vecinos se reunió con los concejales y respaldaron la normativa que aprobaron para mantener el costo del pasaje en Bs 2.
Los vecinos declararon persona no grata y enemigo a Orlando Peña y Rubén Rocha, del Control Social. Afirmaron que carecen de representación para definir un incremento en las tarifas de los microbuses.
“Se les iniciará acciones legales y constitucionales como una Acción Popular por el delito de usurpación de funciones”, añade el documento.
La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, afirmó que el pleno mantiene su posición de respeto a las leyes y normas vigentes como mantener los Bs 2 las tarifas del transporte público.
“Decimos esto porque empresarios del transporte y dirigentes vecinales cuestionados pretenden aplicar una tarifa transitoria de 2,37 bolivianos, que en realidad es 2,50. Pero ese acuerdo es totalmente ilegal”, señaló la legisladora.
Advirtió que “tanto los dueños de micros y el dirigente Peña no van hacer los que les dé la gana, porque la ley se respeta y es mantener el pasaje de Bs 2”.
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LEY
Mucarzel conminó al alcalde Jhonny Fernández promulgar la ley y sancionar a las líneas que realizan cobros excesivos.
El viernes, el pleno del Concejo aprobó el proyecto de ley que declara Necesidad Pública hacia un Nuevo Sistema de Transporte.
“Una vez más, instruimos al alcalde que cumpla la norma y que trabaje por Santa Cruz en un sistema de transporte moderno y eficiente. Porque la ciudad no puede ser rehén de un sistema obsoleto e inhumano en el que los usuarios sufren constantes maltratos”, cuestionó.
Solicitó a Fernández que, en un plazo de 15 días hábiles, promulgar el proyecto de ley, “caso contrario, yo misma la promulgaré para beneficio de la población”, remarcó.
