En una audiencia de apelación, la Justicia ratificó la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves por el deslave en Bajo Llojeta.
“Tenemos entendido que se ratificó su detención preventiva, ya que es una facultad exclusiva de la autoridad judicial emitir este tipo de determinaciones. Sin embargo, el Ministerio Público siempre actuará en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes”, informó el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez.
Desde el 6 de diciembre, Condori cumple detención preventiva en el centro penitenciario de Patacamaya, en La Paz. La Justicia así lo decidió luego de que, durante las investigaciones, se encontraron indicios de que Condori está vinculado a una presunta autorización de movimiento de tierras en la parte alta de Bajo Llojeta. Lo que provocó que una mazamorra sepulte al menos 40 viviendas, vehículos y la muerte de una niña producto de la eventualidad.
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El fiscal informó que para el lunes 30 de diciembre se programó la declaración del empresario y propietario de la inmobiliaria Kantutani, Luis Iturralde Moreno. Él actualmente se encuentra en Perú. La comparecencia será vía virtual.
Iturralde está bajo una solicitud de alerta roja para su extradición a Bolivia. Torres añadió que, tras el informe de la comisión de fiscales, se darán detalles de su comparecencia.
Respecto de los funcionarios municipales y de la empresa Kantutani, estos ya prestaron sus declaraciones. Ahora, los fiscales de la comisión que investiga el caso determinarán la situación jurídica de cada uno de ellos, de acuerdo con su grado de responsabilidad.
