La Policía aprehendió este viernes a dos subcalcades por el caso Bajo Llojeta. Se trata de la autoridad del Macrodistrito Cotahuma, Gonzalo Gonzales, del gobierno municipal de La Paz y Juan Carlos Aguilar, de la Subalcaldía del Distrito 6 de Achocalla. Ambos se sumaron a la lista de investigados por el deslave en Bajo Llojeta, que dejó 40 viviendas bajo el lodo y cobró la vida de una menor de cinco años de edad.
“A horas 12.30 se presentaron dos efectivos policiales en las oficinas del Subalcalde de Cotahuma para dar cumplimiento a la orden de aprehensión. La autoridad municipal se encuentra en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen)”, informó el gobierno municipal de La Paz en sus redes sociales.
Asimismo, el director de la FELCC, coronel Walter Sosa, confirmó la segunda aprehensión del funcionario de la Alcaldía de Achocalla.
“Los delitos por los que se los acusa son estragos, con agravante de muerte, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, debido al fallecimiento de una niña de cinco años como consecuencia del desastre”, informó el jefe policial.
Sin detallar el nombre, Sosa señaló que a uno de los aprehendidos se lo acusa porque “habría emitido la licencia del funcionamiento” a la empresa inmobiliaria Kantutani, que realizó el movimiento de tierra.
En tanto, el otro “habría conocido de una fractura de una bóveda que colapsó en este lugar y no ha tomado ninguna acción”.
Ambos funcionarios fueron trasladados a dependencias de la FELCC para que presten su declaración informativa.
El 13 de diciembre, la Fiscalía informó que cinco funcionarios de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz también se suman a la lista de investigados.
PERSECUCIÓN
La directora municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, calificó la acción de la Fiscalía de persecución. Y reiteró que la Alcaldía de Achocalla es responsable por los permisos que otorgó a la Inmobiliaria Kantutani para movimientos de tierra en el Cementerio Jardín Los Andes.
“Técnicamente, hemos podido identificar que el deslizamiento que ha provocado el movimiento de tierra ha sido en la plataforma superior del cementerio Los Andes. En vez de determinar responsabilidades para esta empresa y para su representante legal, lo que se está haciendo es involucrar a autoridades y funcionarios municipales. Lo único que han hecho (los funcionarios) es cumplir con sus funciones”, señaló Morales respecto de la actuación de la Fiscalía.
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DESLAVE
Una torrencial lluvia, la noche del 23 de noviembre, causó el deslave en la zona Bajo Llojeta. La eventualidad dejó al menos 40 viviendas anegadas y causó el deceso de una niña de cinco años de edad.
“Este hecho no ha sido un desastre natural. Ha sido un hecho provocado, un estrago provocado por la mano del hombre. Específicamente por los movimientos de tierra que ha efectuado el Cementerio Los Andes; es decir, la empresa Kantutani. Han realizado movimientos de tierra que no correspondían”, aseguró Morales.
La directora lamentó que el proceso por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves se extendiera a los seis funcionarios.
