Los voceros de gremiales de Santa Cruz advirtieron al Gobierno con masivas movilizaciones a nivel nacional si no abroga la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Esa disposición, según los representantes de gremiales, otorga facultades a las autoridades competentes para el decomiso de productos alimenticios esenciales.
“Rechazamos contundentemente que esta ley, la 1613, que incorpora en una de sus disposiciones el decomiso de los productos a los comerciantes. No vamos a permitir que el gobierno nacional se lave las manos de su incompetencia porque no ha podido reactivar la economía del país y ahora quiere hacer creer a la población que es culpa de la familia gremial y que nosotros estamos inflando los precios”, argumentó la vocera Laura Franco en rueda de prensa.
Franco señaló que las bases en Santa Cruz ya se contactaron con otras federaciones del país para organizar una marcha a nivel nacional.
“Nos estamos organizando en Santa Cruz las distintas federaciones y confederaciones para movilizarnos a nivel nacional y no vamos a descartar ningún tipo de medidas, si tenemos que radicalizar lo vamos a hacer paulatinamente si es que el gobierno no quiere escuchar”, acotó.
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Movilizaciones a nivel nacional
A su turno, Édgar Álvarez, el otro portavoz del sector, detalló que las movilizaciones comenzarán la próxima semana.
“La propuesta que está saliendo de Santa cruz de las movilizaciones que vamos a comenzar la siguiente semana y llevarlas a los diferentes ampliados nacionales. Para que nuestras medidas sean implementadas en movilizaciones masivas a nivel nacional”, exteriorizó Álvarez.
La disposición séptima establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización. Así como confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Entretanto, hace unas horas, productores, exportadores, gremiales y transportistas se reunieron en Cochabamba para rechazar dicha disposición; tras la junta exigieron al Gobierno corregir el error, que, según ellos, creará un escenario para la para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos.
