Más de 30 testigos comparecerán en el juicio oral contra los jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, acusados de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas en el internado del colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Así lo informó este jueves Pedro Lima, exjesuita y vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
La audiencia se lleva adelante en el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 4 de Cochabamba, y constituye un proceso inédito en Bolivia contra altos miembros de la Iglesia acusados de encubrimiento.
“El viernes va a reiniciar el juicio con la presentación de testigos tanto de la parte acusadora como de la defensa. Ellos tienen unos 30 testigos de descargo, pero las pruebas son abrumadoras”, aseguró Lima en entrevista con Bolivia Tv.
Puede leer también: Se reinicia el juicio por pederastia clerical contra dos jesuitas
Juicio
Durante la etapa investigativa, 18 personas testificaron ante la Fiscalía. Solo tres, incluido Lima, hicieron públicos sus testimonios. Según el vocero, existirían “cientos de víctimas” de Pedrajas y otros religiosos vinculados al mismo centro, muchas de ellas provenientes de colegios del sistema Fe y Alegría.
El caso estalló a finales de abril de 2023, cuando una publicación del diario español El País develó los abusos sexuales cometidos contra más de 80 menores de edad por el sacerdote pederasta Alfonso Pedrajas (+).
Aunque la pena por encubrimiento no supera los dos años de cárcel en Bolivia y la avanzada edad de los acusados impide una sanción efectiva, el proceso sienta un precedente importante. En ese sentido, Lima llamó a reformar la legislación nacional para endurecer las penas por encubrimiento de abuso infantil y declarar estos delitos como imprescriptibles.
“Es la primera vez que estas figuras religiosas se sientan en el banquillo. Queremos que esta condena impulse cambios reales en las instituciones educativas y religiosas”, afirmó respecto al juicio.
La Comunidad de Sobrevivientes impulsa además medidas de prevención y reformas estructurales para proteger a niños y adolescentes en entornos escolares y religiosos.
