El Concejo de La Paz denuncia al Ejecutivo de ‘sabotaje institucional’ por mantener las oficinas del Sistema de Trámite Municipal (Sitram) cerradas desde hace más de tres meses.
El concejal informó que este miércoles, un abogado del Ejecutivo intentó ingresar un trámite en las ventanillas de esa dependencia del Concejo. Intentó la habilitación “únicamente para recibir ese documento” y después volverían a cerrar el sistema, impidiendo la remisión de trámites a las comisiones correspondientes. Incluso el ingreso de trámites de la propia ciudadanía.
“Nos dijeron que meterían el trámite y que luego volverían a cortar el Sitram. De esa forma impedirían mandar el documento a la comisión correspondiente y solo se quedaría ahí, en ventanilla”, declaró una trabajadora del área.
El concejal calificó la maniobra como un intento de manipular un sistema que debería estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses políticos del alcalde paceño.
“El alcalde pretende manejar el Sitram como si fuera de su propiedad. Lo abren solo para sus trámites y lo vuelven a cerrar. Dejan en la indefensión a los vecinos que necesitan presentar denuncias, inspecciones o reclamos. Eso es un abuso de poder y un delito”, denunció el legislador.
HABILITACIÓN
La semana pasada, la directiva del Concejo reabrió el Sitram con la presencia de un notario de Fe Pública. El objetivo era levantar inventario de los trámites acumulados y restablecer gradualmente la atención ciudadana, interrumpida desde hace casi tres meses.
Escalier recordó que el notario certificó la apertura de oficinas cerradas y comenzó a levantar actas de los documentos encontrados.
“Estamos recuperando el Sitram de forma transparente, con inventario notariado y en presencia de veedores. El alcalde no puede boicotear este proceso legal”, sostuvo.
Sin embargo, el sistema que depende del ejecutivo permanece cortado y no se puede ingresar tramites ciudadanos.
VULNERACIÓN
El concejal advirtió que la conducta de Arias no solo vulnera la separación de órganos, sino que configura presuntos delitos penales.
“El cierre arbitrario del Sitram y el desacato a la justicia encajan en abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento a fallos judiciales y desobediencia a la autoridad. Cada uno de estos delitos tiene penas de hasta seis años de cárcel”, afirmó.
Dijo que el fallo judicial que reconoce a la directiva del Concejo Municipal es de cumplimiento inmediato y que cualquier intento de desconocerlo constituye un desacato.
“Ya no hay excusas. La justicia fue clara y el Sitram debe volver a funcionar para los paceños. Si el alcalde insiste en bloquearlo, será responsable penal y políticamente”, subrayó.
