De 9.520 privados de libertad de entre 18 y 28 años de edad, el 75% permanece con detención preventiva en diferentes cárceles del país. Así lo reveló la Defensoría del Pueblo en la presentación del informe “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad” de 2024.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que es la población más afectada por dicha medida.
“La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva. De los 9.520 jóvenes privado de libertad, el 75,65% se encuentra en detención preventiva, frente a un 24,35% que ya cuenta con sentencia”, informó Callisaya.
El documento analiza las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social de las y los jóvenes privados de libertad. A diciembre de 2024, de los 9.520 reclusos, 742 eran mujeres y 8.788 varones.
Para obtener estos datos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales como urbanas.
En las visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones a la infraestructura penitenciaria, además de la revisión de información oficial del Estado.
DIAGNÓSTICO
Según el diagnóstico, a diciembre de 2024, el país registraba 32.035 personas privadas de libertad en 46 centros penitenciarios. El 92,6% varones y 6,8% mujeres.
Del total, el 58,7% permanecía en detención preventiva (sin condena). Además, se verificó que el hacinamiento alcanzaba al 105%: en los 20 centros urbanos era del 117% y en los 26 rurales del 65%.
Callisaya expresó su preocupación por los factores de reincidencia. El 14% de los jóvenes entrevistados (284) son reincidentes en prisión; el 10% pasó antes por centros de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley (14 a 17 años). Un 7% vivió en centros de acogimiento desde edades tempranas.
Lea la nota aquí: TSJ instruye jornadas de verificación de detenciones preventivas
“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión. Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”, sostuvo Callisaya.
Frente a este panorama, el diagnóstico defensorial plantea siete recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Deportes, el Servicio Nacional de Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario.
