Uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias son los dos nuevos delitos que investiga el Ministerio Público por la avalancha humana en el colegio Saracho de Oruro. El hecho causó la muerte de una joven de 18 años de edad y dejó a otra menor de 16 años herida
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, recordó que la investigación comenzó por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Sin embargo, la investigación se amplió por los delitos mencionados luego de conocer el permiso que emitió un funcionario municipal de manera irregular.
“El Ministerio Público, en el marco de sus competencias, recabó nuevos elementos que evidenciarían la autorización ilegal del uso de infraestructura estatal. Sin cumplir los procedimientos legales correspondientes”, detalló la autoridad.
El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, también formalizó una denuncia penal contra el funcionario edil por el presunto delito de uso indebido de influencias, luego de que se constató que emitió la autorización para la realización del evento. El acusado incumplió con el procedimiento legal correspondiente.
Además, se presentó una querella penal contra dicho servidor público por no haber gestionado correctamente la liquidación del pago por la actividad denominada “Saracho Fest”. El funcionario admitió haber autorizado el cobro de la patente municipal a los organizadores del evento. Omitió los requisitos establecidos en el artículo 16 del Reglamento Municipal para la Administración de Infraestructuras Educativas Fiscales, lo que configura una posible comisión de delito.
AUDIENCIA
Durante una audiencia de medidas cautelares, el Juzgado de Instrucción Cautelar 4 de Oruro determinó medidas sustitutivas para Percy Ríos, cantante de la agrupación Sangre Cumbiera, y la directora del establecimiento educativo.
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Ambos fueron beneficiados con libertad. Previo cumplimiento de arraigo, fianza económica de Bs 5.000 y la obligación de presentarse cada 15 días el Ministerio Público para el marcado del biométrico.
En el caso de la directora, el juez dispuso además detención domiciliaria con derecho a trabajo.
Por este caso, más de una decena de personas, entre padres de familia, profesores y funcionarios municipales, serán citadas a declarar ante la Fiscalía.
