Las empresas a cargo de la administración del parqueo tarifado en la ciudad de La Paz presentaron este lunes una demanda penal por difamación. La denuncia es contra los concejales Pierre Chain, Javier Escalier, Roxana Pérez del Castillo y Yelka Maric. Los inculpan por acusaciones que afectan su trabajo y la estabilidad de decenas de familias vinculadas al proyecto “Parqueo para todos”.
Haldivec Escobar Vega, representante de la Empresa Noach, que opera en las zonas de Calacoto y San Miguel, explicó que las denuncias difundidas en algunos medios de comunicación y redes sociales generaron desinformación entre los usuarios.
“Estamos siendo prácticamente difamados con información que no es fidedigna. Particularmente en lo referido a los montos y al destino de los recursos”, afirmó Escobar.
Subrayó que las empresas trabajan bajo normativa municipal y con regulaciones formalmente establecidas.
La información la confirmó el representante de la empresa Publiesquinas Bolivia, Jorge Ameller. Destacó que las cuatro empresas interpusieron la demanda en el Ministerio Público y que es contra los cuatro concejales paceños, tres del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una del oficialismo.
“Con más de 25 años de experiencia en seguridad ciudadana, conozco las necesidades de nuestra sociedad. No solo habilitamos espacios de parqueo, también contribuimos a mejorar la seguridad en la zona Sur, retirando a personas que generaban inseguridad y acercándonos a grupos vulnerables como los lavadores de autos”, explicó Escobar.
LAVADORES
El representante enfatizó que más de 120 familias de lavadores de vehículos están incluidas en el proyecto, luego de un proceso de concertación. “Nunca se buscó dejarlos sin trabajo; al contrario, se ha respetado su derecho a laborar”, agregó.
Las empresas que se adjudicaron el proyecto de parqueo tarifario son: Conecta Ciudad (para Obrajes y Miraflores), Publiesquinas Bolivia (para Sopocachi y Centro), Noach (para Calacoto y San Miguel), y la Asociación Accidental Santiago (para las zonas Norte y Centro).
Respecto a la demanda penal, Escobar precisó que se busca frenar la difusión de información falsa que, dijo, “afecta directamente a unas 50 familias que dependen de este emprendimiento”.
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Insistió en que las empresas de parqueo tarifado no actúan al margen de la ley y que están abiertas a que la Alcaldía y los medios de comunicación verifiquen con documentación en mano la legalidad del servicio.
Finalmente, adelantó que el proyecto apunta a modernizar el sistema de parqueo en la ciudad con la implementación futura de cámaras, drones y señalización vial. “No podemos quedarnos estancados, debemos avanzar hacia la modernidad. Nuestro trabajo es legal, técnico y profesional, y cualquier falla ha sido corregida de inmediato”, concluyó.
