La Sala Constitucional Segunda de La Paz resolvió dar tutela a un grupo de personas sobre un predio ubicado en Kallutaca, ubicado en el municipio de Laja. Con la resolución, se despoja a la Gobernación de La Paz del terreno.
Desde el gobierno departamental se denunció que dos vocales se inclinaron a favor de avasallamientos. Toda vez que un grupo de personas reclamó la propiedad del terreno, sin contar con documentación sobre el derecho propietario.
“Queremos denunciar la flagrante comisión de delitos por parte de una organización criminal conformada por abogados, vocales y avasalladores. Su único objetivo es despojar al Estado de terrenos que pertenecen a todos los paceños”, explicó el director de Gestión Jurídica de la Gobernación, Sergio Huamán.
Ante la situación, la Gobernación activa cinco acciones legales para preservar los predios de Kallutaca. El terreno en disputa tiene una superficie de más de 500 hectáreas destinadas a la construcción de un parque industrial.
Huamán recordó que, en agosto la Gobernación, con el apoyo de organizaciones sociales y de la fuerza pública, recuperó y demolió las construcciones ilegales. Los avasalladores tomaron más de 500 hectáreas en Kallutaca, tras un largo proceso de autotutela administrativa.
“Después de tantos años de lucha, demolición y recuperación, nos sorprende que se intente devolver estos predios a los avasalladores con un fallo ilegal”, argumentó el jurista.
DOCUMENTACIÓN FRAGUADA
En esa línea, el funcionario departamental explicó que los supuestos propietarios presentaron documentación fraguada, incluso con respaldo de planos y certificados falsificados en el gobierno municipal de Laja.
“Hemos demostrado que no tienen folio real. No cuentan con ninguna documentación legítima y aun así los vocales René Delgado Ecos y José Sáenz decidieron fallar en su favor. Esto nos demuestra que existe un consorcio entre abogados, vocales y avasalladores”, enfatizó.
Dijo que un hecho que llamó la atención a la Gobernación fue la rapidez del fallo. “Generalmente, una sala constitucional tarda al menos media hora en deliberar, pero en este caso no pasaron ni cinco minutos. Eso significa que la resolución ya estaba preparada antes de la audiencia”, relató Huamán.
Alertó que, con la resolución, se pone en riesgo un patrimonio valuado en más de Bs 60 millones.
El jurista de la Gobernación informó que ante una instrucción expresa del gobernador Santos Quispe, quien dispuso actuar con firmeza y luchar por los intereses del departamento, se definieron cinco líneas de acción para encarar la defensa legal del departamento ante los intentos de despojo de terrenos.
DEFENSA
La primera línea consiste en mantener informadas y convocar a todas las instituciones del Estado, en sus diferentes órganos. El fin es establecer una defensa conjunta de los predios que son del pueblo paceño.
La segunda será solicitar una complementación y enmienda de la resolución judicial. Además de una queja formal, así como acciones ante el Tribunal Constitucional en Sucre. El objetivo es lograr la nulidad de los actos ilegales y establecer sanciones disciplinarias y penales contra los responsables.
“La tercera línea de acción es que vamos a interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público por la comisión de los delitos flagrantes producto de esta resolución que afecta a los paceños. Así también tomaremos acciones penales en contra los vocales de la sala constitucional y los abogados que han firmado la acción de amparo, así como los avasalladores”, dijo el funcionario.
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Como última línea de acción, “estamos analizando la posibilidad de también acudir a la justicia constitucional para interponer una acción en contra de esta resolución y esta violación a los derechos que tenemos como departamento”.
La Gobernación cerró su posición con un llamado a la unidad de las instituciones públicas, sociales y judiciales para resguardar lo que pertenece al pueblo paceño.
