Hasta un máximo de 12 meses continuará el periodo de intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas). Así lo determinó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
El objetivo de la institución fiscalizadora es garantizar la continuidad, calidad y transparencia de los servicios básicos en el área metropolitana de La Paz y El Alto, menciona una nota institucional.
La directora de la AAPS, Liesel Ramírez, explicó que con la ampliación de la intervención se garantiza la dotación de agua en la gestión 2026. Además, avanzar en un reordenamiento administrativo, financiero y operativo. Además corregir decisiones que afectaron el desempeño institucional y la calidad del servicio brindado a la población.
Señaló que las observaciones, deficiencias en la gestión administrativa y denuncias serán encaradas de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Riego y Agua. Pues, es el ente la cabeza de sector que asumió la competencia, atribuciones y activos del exministerio de Medio Ambiente y Agua.
“El principal objetivo que tiene esta ampliación es garantizar la continuidad del servicio. Se busca transparentar los temas administrativos para que no existan afectaciones a futuro. Encomendamos este trabajo pensando siempre en hacer prevalecer los derechos de los usuarios que son nuestras familias bolivianas”, informó Ramírez.
ATENCIÓN
Dijo que se busca mejorar de manera directa la atención al usuario. También elevar los estándares de calidad del servicio y asegurar la implementación efectiva de planes de emergencia y contingencia. El propósito es que permitan una respuesta oportuna ante cualquier evento que ponga en riesgo la prestación del servicio.
Esta acción, que estará a cargo del gerente interventor de EPSAS., Edgar Landívar, busca también ordenar, corregir y fortalecer la gestión interna de la empresa. Asimismo, priorizar la mejora de la atención al usuario y el cumplimiento de estándares de calidad del servicio. La intención es fortalecer la confianza de la población en la institución.
También se instruyó que la ampliación de la intervención debe incidir en implementar una gestión transparente, institucionalizar los cargos para lograr eficiencia y eficacia en la administración de los servicios, implementar mecanismos de fiscalización y control que eviten actos de corrupción y procesar las denuncias y el cumplimiento de las auditorías instruidas, así como el inicio y prosecución de los procesos legales.
Por su parte, el interventor de Epsas señaló que, “si bien el servicio de agua potable y alcantarillado se encuentra garantizado para la población, persisten temas administrativos que deben ser resueltos; por ello es necesario que la intervención continúe, a fin de ordenar la gestión interna, corregir debilidades y fortalecer el funcionamiento de la empresa”.
INFORMES
Finalmente, la resolución administrativa regulatoria establece que el interventor debe presentar informes periódicos respecto a la situación técnica, económica, financiera y legal de la empresa en los próximos 10 días calendario, implementar mecanismos de supervisión, fiscalización y control de la gestión administrativa interna, evitar y sancionar actos de corrupción y notificar al Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa), al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y a los gobiernos autónomos municipales en los que la empresa Epsas presta servicios.
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Epsas fue intervenida por el gobierno boliviano en 2013 debido a «deficiente administración», corrupción y abusos, eliminando su directorio y dejando su gestión bajo la supervisión directa de la Autoridad de Agua (AAPS).
