Una vez que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz., junto con la Policía, intervino una fiesta clandestina en la zona de Achumani el pasado 14 de febrero, se manifestó la necesidad de elaborar una norma para sancionar a los propietarios de inmuebles que se prestan para este tipo de actividades ilícitas.
En la intervención se encontró a aproximadamente 200 personas, de las cuales 50 eran menores de edad, algunos incluso de 12 años.
El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, informó que el operativo se ejecutó de manera conjunta. Participó el personal de la Policía Boliviana, la Intendencia Municipal, la Guardia Municipal y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El operativo se realizó luego de recibir información sobre la presencia de adolescentes en el inmueble.
“Ha sido una sorpresa encontrar a 200 personas en el lugar. 50 eran menores de edad. Se han desechado más de 300 litros de bebidas alcohólicas que no reunían las condiciones ni contaban con los precintos de seguridad exigidos para su comercialización”, detalló la autoridad.
El funcionario anunció que se impulsará una normativa municipal más estricta para sancionar a los propietarios de inmuebles utilizados para este tipo de actividades ilegales.
“Uno no puede escudarse en decir ‘yo alquilo y no sé qué hacen’. Si está lucrando con su inmueble, tiene que asumir responsabilidad. No puede ser que se clausure un local clandestino y a los pocos días vuelva a funcionar, mientras el propietario sigue cobrando alquiler sin ninguna consecuencia”, enfatizó.
SUSTANCIAS
Durante la intervención también se hallaron sobres con sustancias que presuntamente serían marihuana, situación que se puso en conocimiento de la Policía y el Ministerio Público.
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Según el reporte oficial, cerca de 30 menores fueron entregados en el lugar a sus padres bajo acta y compromiso. Otros 18 fueron trasladados a dependencias policiales para su entrega formal y dos fueron derivados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ante la ausencia de sus progenitores.
Millares expresó preocupación por la falta de control de algunos padres y advirtió que permitir el consumo de alcohol en menores podría configurar hechos de corrupción de menores.
“Lo que estamos haciendo es proteger a nuestros hijos. Es lamentable encontrar niñas de 12 años en este tipo de actividades”, señaló.
