En dos años, el importe que se pagaba por la importación de diésel oíl se ha más que duplicado, al haber pasado de $us 342,9 millones a 802,5 millones.
En cuanto al volumen, la subida ha sido del 15%. El factor precio ha tenido mucho que ver en este comportamiento.
Entre enero y mayo de 2021, se han importado 541.113 toneladas del combustible fósil por un valor de $us 342,9 millones frente a los 624.758 toneladas que se compraron en similar período de este año a un coste de $us 802,5 millones.
La cotización del petróleo ha incidido de forma directa en los costos de importación del carburante.
De enero a mayo de 2021, el precio promedio por tonelada estaba en $us 634; para similar lapso de 2022 había subido hasta $us 1.141. En igual transcurso de tiempo de esta gestión, se ha disparado hasta los $us 1.284.
PLAN.
Las importaciones del combustible han tenido un crecimiento vertiginoso, pasaron de 300.000 toneladas en 2005 a superar los 2 millones de toneladas en 2022, según los datos publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Debido a esta situación, el Gobierno lanzó el pasado 13 de abril la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, que integra a varias instituciones del Estado, con el objetivo de evitar la fuga de carburantes y logar el ahorro de cerca de $us 1.000 millones.
Este plan “tiene como objetivo fundamental una serie de medidas de control. Además de la optimización que van desde la producción, importación, venta al consumidor final de combustibles; así permitir generar un ahorro de 1.000 millones de dólares”, explicó en esa ocasión el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
Dos normas fueron aprobadas para poner en marcha esta política. La primera es el Decreto Supremo 4910 que tiene que ver con el control, fiscalización y regulación de combustibles y a la trazabilidad y transparencia en la cadena de la comercialización.
Diésel
Para cumplir este cometido, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las Fuerzas Armadas y la Dirección de Sustancias Controladas se encargarán de interceptar el desvío de los combustibles.
El segundo decreto, el 4911, establece la interoperabilidad entre la Dirección de Sustancias Controladas, YPFB y la ANH. Eso para realizar un control en tiempo real en la logística en la comercialización de combustibles (gasolina, diésel) para evitar su desvío.
La tercera etapa de este plan está vinculada con la reducción en la importación de combustibles. Para ello, está prevista la construcción de dos plantas de biodiésel; una en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la otra en la urbe alteña, en el departamento de La Paz. Además, se proyecta la construcción de una tercera planta con tecnología HVO que, con el reciclado de aceites, se producirá diésel ecológico.
