La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena informó que en la Cámara de Senadores observó los 23 contratos mineros que llegaron a ese órgano porque, en su criterio, no cumplen con todos los procedimientos legales establecidos en la propia Ley Minera 353.
En un conversatorio en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la legisladora, cuestionó que tanto el Servicios Geológico Minero (Sergeomin) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), incluso la Cámara de Diputados, hayan aprobado los contratos.
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“Ninguno de estos 23 contratos mineros (cumple los procedimientos), siendo que Sergeomin dice que cumplen parcialmente con esas excepcionalidades de estar en lugares delicados ambientalmente”, lamentó.
De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Minera 535, promulgada en mayo de 2014 en el gobierno de Evo Morales, no se puede realizar explotación minera en cabeceras de cuenca, ríos y lagos. “Nos hemos quedado con la boca abierta, porque estos 23 contratos, según Sergeomin y AJAM, están en cabeceras de cuenca, ríos, lagos, que son parte del artículo 93 de la propia Ley Minera”.
Requena lamentó que estos contratos mineros no tengan estudios realizados por los actores mineros ni cuenten con la reglamentación para la explotación de las áreas.
Todas esas observaciones fueron consignadas en un informe de 40 páginas donde los 23 contratos mineros tienen irregularidades y problemas.
Además, cuestionó que los actores mineros y las partes encargadas de hacer cumplir la norma minera no hayan tomado en cuenta a las comunidades en las consultas previas y que solo los interesados determinen hasta la explotación de las áreas.
Por su parte, el exministro de Minería José Pimentel, sostuvo que la Constitución Política del Estado establece que ahora los contratos mineros deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, pero que de las más de 3.000 concesiones otorgadas a los sectores mineros, ni 200 fueron aprobados por el legislativo.
Requena aseguró que en más de dos años de gestión legislativa, es la primera vez que llegan contratos mineros para su tratamiento, que ingresaron como un solo proyecto que adjunta a los 23 contratos.
Incluso preguntó si San Cristóbal, el mayor consorcio minero en Bolivia que opera en Potosí, opera bajo contrato homologado en la Asamblea Legislativa.
