La minería ilegal está en la mira en Beni. Un juez concedió la tutela a la acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y determinó la suspensión de las actividades mineras ilícitas en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, además, en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
Según un comunicado de la Cpilap, la decisión fue asumida por el juez público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Rurrenabaque, Edwin Pallete, en Beni.
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“La CPILAP logró demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa libre e informada. Los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); y del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pueden desvirtuar las consecuencias ocasionadas por el mercurio empleado en las operaciones mineras” (sic), indica el documento.
La determinación apunta a que la actividad minera desarrollada en estos depósitos hídricos ha vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, “y dispuso que este proceso debe alcanzar también a los derechos preconstituidos”. Así, ordenó que toda labor minera sin licencia ambiental sea suspendida.
Minería ilegal
En julio, un operativo sorpresa dirigido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, terminó con la aprehensión de 49 personas y la destrucción de al menos 25 dragas (barcazas) empleadas en la explotación ilegal de oro en esa región beniana.
El juez “ordenó a la AJAM cumpla con verdaderos procesos de consulta previa, además de la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros. Igualmente dictaminó que se garantice la participación de la CPILAP en el Plan de Acción Nacional de Control del uso de Mercurio”, añade el pronunciamiento de la organización indígena.
Asimismo, según el documento, se dictó que el Ministerio de Medio Ambiente repita la realización del estudio de calidad de agua y “se haga una recategorización de contaminación ambiental en todos los ríos mencionados, también en sedimentos y peces, junto con la rehabilitación de aguas y peces contaminados”.
Por último, la decisión judicial indica que se deben remitir antecedentes al Ministerio Público sobre la contaminación con mercurio de los pobladores para la identificación de responsabilidad penal. Y decretó que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana instalen un puesto de control en esos ríos para evitar la actividad minera ilegal.
