El alcalde de Buena Vista, Teodoro Gonzales, consideró que la Gobernación de Santa Cruz busca desviar los recursos destinados a la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista y llevarlos a otro tramo con el fin de beneficiar a las inmobiliarias.
Según la autoridad municipal, con base en versiones del secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña, Édgar Landívar, se busca una vía entre Okinawa y el Parque Industrial de Santa Cruz, donde existen urbanizaciones.
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“Al parecer la posición de la Gobernación es no construir este tramo carretero y lo quieren llevar a lugares donde ya tienen aprobadas y establecidas urbanizaciones, donde hay pavimento, donde hay carreteras que va de Portachuelo a Santa Cruz, donde contaminarán. Quieren acercarlos aprovechando los recursos que va a depositar el Gobierno central para esta obra y beneficiar a estas urbanizaciones”, denunció en el streaming La Razón Radio.
El alcalde recordó que es una inversión de $us 212 millones, de los que el 30%, $us 70 millones, le corresponde como contraparte a la Gobernación de Santa Cruz y que el desviar esos recursos afectará a las comunidades del lugar como a los de Porongo, Buena Vista, entre otras que requieren de esa vía para el desarrollo.
Lamentó que, pese al convenio firmado en abril de 2022 por el gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, la Asamblea Legislativa Departamental haya observado el acuerdo y emita un informe que establece que la zona de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UPCN) esté en riesgo porque de ahí se abastece de agua a la región metropolitana de Santa Cruz.
“Después de haber hecho un análisis, Camacho firma un convenio en Amboró comprometiendo los 70 millones de dólares y luego de eso pasaría a la Asamblea Legislativa y la Asamblea, para no aprobar, saca un UPCN y ahí empieza a aparecer el discurso de los acuíferos que toman los 3 millones de habitantes, pero hablamos de que hay 300 kilómetros de distancia a Santa Cruz”, indicó.
Estudio
Con el fin de dar una solución a esa problemática, el Gobierno central determinó contratar una empresa internacional para la realización de un estudio que determine la factibilidad y viabilidad de la construcción. Según el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Antonio Mullisaca, dijo que ese proceso demoraría hasta un año.
El alcalde de Buena Vista pidió acelerar ese trabajo ya que la construcción de la carretera de 80 kilómetros se va postergando desde 2010 cuando el gobernador de ese entonces, Rubén Costas, determinó la ejecución de la obra.
El martes, en la misma transmisión La Razón Radio, el expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), regional Santa Cruz, afirmó que la objeción de la Gobernación esconde intereses inmobiliarios.
Explicó que el gobierno departamental quiere una vía alterna al trazo actual para favorecer a “inmensas urbanizaciones” que no están habitadas. Calculó en hasta 720.000 los propietarios de viviendas de las inmobiliarias que se beneficiarían en caso de desviar el trazo.
