El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, informó este miércoles que el Tribunal Agroambiental determinó anular las resoluciones supremas que otorgaban 33.000 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic, ministro de Economía en la gestión de Jeanine Áñez y expresidente cívico de Santa Cruz.
Guerrero dijo que se presentó dos demandas sobre dos predios de la familia, uno de ellos el denominado Laguna Corazón y el otro Tierras Bajas del Norte.
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“Se han presentado esas demandas, un proceso contencioso administrativo al Tribunal Agroambiental, ya se ha emitido las dos sentencias anulando esas resoluciones supremas que otorgaban tierras a esta familia”, explicó el viceministro.
Ahora, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realiza un nuevo trabajo técnico administrativo para verificar que esas tierras, que eran de propiedad de la familia Marinkovic, pasen a propiedad del Estado.
En noviembre de 2020, la Fundación Tierra, a través de una nota dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, solicitó la fiscalización a la dotación de 33.480 hectáreas de tierra, en el departamento de Santa Cruz, en favor de la familia Marinkovic.
También denunció que en el gobierno de Áñez se había emitido de manera irregular resoluciones de titulación de dos predios a favor de la familia Marinkovic, que implicaba un uso indebido de influencias tomando en cuenta de que en ese entonces era ministro de Economía.
Ese mismo mes, la familia Marinkovic presentó inscripciones de propiedad en Derechos Reales, tanto de Laguna Corazón como de Tierras Bajas del Norte, con las que consiguió la certificación y habilitación de dos aeródromos en esos predios desde el año 2015.
En 2009, el INRA revirtió las tierras a la familia porque, según los informes, fueron adquiridas de forma ilegal en 1997.
Predios
Se trata de los predios la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos, y la Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos. Ambos suman un total de 33.480 hectáreas.
La Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en la gestión del expresidente Evo Morales, prohíbe la adjudicación de tierras en beneficio de autoridades de Estado y funcionarios públicos hasta un año después de concluir sus funciones.
La Fundación Tierra denunció que en el periodo de 11 meses del gobierno de Áñez se entregó títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz sin que los adjudicatarios cumplan la Función Económica Social (FES), requisito esencial para el reconocimiento del derecho propietario.
