La Asamblea de la Benianidad determinó este miércoles mantenerse en emergencia y aguardará que en 30 días se lance la licitación para el puente binacional sobre el río Mamoré, tal como anunció el Gobierno tras firmar un acuerdo con Brasil.
Asimismo, anunciaron que enviarán una comisión a Brasilia para obtener información sobre los detalles del acuerdo con Bolivia. Y el cronograma de trabajo para la construcción del puente.
Hugo Aponte, presidente cívico del Beni, advirtió que, si en 30 días no se licita la obra, el Beni entero se paralizará. Asimismo, solicitaron la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco; los acusan de mentirles.
“Mantenemos estado de emergencia, vamos a respetar los 30 días que ha dicho el Gobierno; no siendo así, lamentablemente el Beni se paraliza, pero vamos a hacerlo previamente en coordinación de aquí para adelante. Todos los comités cívicos están aquí, presentes, y eso es lo importante, que vamos a seguir”, dijo.
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Puente binacional
Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Genghis Justiniano, acusó a las autoridades de Gobierno de intromisión y dilatar el proceso de licitación para el puente binacional.
Dijo, además, que conformarán una comisión interinstitucional para trasladarse a Brasilia y reunirse con los congresistas de Brasil para “tener información de primera mano sobre la cronología de la ejecución y licitación del proyecto”.
El ministro de Obras Públicas, anunció el martes que la documentación técnica para la construcción del puente binacional sobre el río Mamoré ya se encuentra en los portales web de las cancillerías de Brasil y de Bolivia. Indicó, además, que se enviaron los documentos a las principales autoridades del departamento y de Guayaramerín.
Según el acuerdo entre Bolivia y Brasil, en un plazo de 30 días de publicará la licitación para la obra que se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano” para acelerar los trabajos.
La obra, que unirá Guayaramerín, Bolivia, con Guajará Mirim (Brasil), será financiada por el país vecino como parte del Tratado de Petrópolis.
