El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, sostuvo este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se refiere a la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruce-Buena Vista, como argumentan algunos sectores políticos y cívicos del departamento cruceño.
“En esta resolución (del TCP) no se refiere en absoluto a ningún tipo de construcción ni de infraestructura, absolutamente nada, simplemente dice que esta Ley 98 se extralimitó en competencia de la ley autonómica y de la Constitución Política del Estado”, indicó en conferencia de prensa.
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El TCP emitió el 8 de agosto la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz número 98, específicamente en lo referido a la competencia de la administración departamental de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonio natural dentro de su territorio.
Montaño explicó que esa sentencia del TCP se refiere a la Ley Departamental 98 de 2015 y no a la Ley 208 de 2021, la que permite construcciones y obras de infraestructura en el sector Güendá – Urubó, donde, según las autoridades de la gobernación cruceña, existen acuíferos para abastecer de agua a la población.
El ministro sostuvo que específicamente lo que indica la sentencia es que “esta ley departamental, la 98, dice que ha violado la ley autonómica y la Constitución Política (del Estado) y además recomienda que es atribución de los senadores y diputados legislar sobre recursos naturales”.
Además, ratificó el compromiso del Gobierno sobre la contratación de una empresa internacional para que realice el estudio de viabilidad para la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, con lo que se definirá la ruta de la infraestructura.
El Comité Cívico de Santa Cruz determinó el martes declararse en estado de emergencia y convocar a una reunión de las instituciones cruceñas para definir medidas ante la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental 98.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, informó que se reunirán en las próximas horas para tomar acciones contra el fallo del TCP, porque consideran una arbitrariedad la sentencia.
Montaño consideró que los sectores en emergencia buscan confundir a la población afirmando que la sentencia es atentatoria contra la conservación de los recursos naturales. “Están utilizando mentiras para aprovechar y unir a la población porque, si definitivamente ellos buscaran la defensa de los acuíferos, qué han hecho en las llanuras del Urubó donde están las urbanizaciones, siguen las licencias”, argumentó.
