El sistema universitario boliviano y los municipios del país se declararon en estado de emergencia tras el rechazo al proyecto de ley de Modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 Reformulado por parte de la Asamblea Legislativa en la madrugada de este martes.
En una conferencia conjunta con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, los representantes de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) objetaron la decisión de 92 asambleístas, entre ellos legisladores del oficialista MAS del ala evista y de los opositores Creemos y Comunidad Ciudadana.
Lea también: Montenegro denuncia ‘sabotaje pactado’ entre Evo, Mesa y Camacho en el rechazo al PGE Reformulado
La presidenta de Acobol, Josefina Velásquez, repudió el accionar de los legisladores nacionales “llamados padres de la patria”, porque los recursos demandados a través del PGE Reformulado eran esperados por los sectores vulnerables de los diferentes municipios del país.
“Nosotros, como municipios, esperanzados de llevar una respuesta, de llevar esos recursos, nos vamos con las manos vacías; sin embargo, vamos a estar en estado de emergencia constantemente porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, sostuvo Velásquez.
En el proyecto de ley del PGE Reformulado, el Órgano Ejecutivo estimó recursos y gastos adicionales para las entidades del sector público por Bs 6.455.173.440; y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252, de los que Bs 868 millones eran para los municipios, Bs 353 millones para las universidades públicas y Bs 39 millones para las gobernaciones.
Movilizaciones
El presidente de Amdecruz, Hediberto Cuéllar, advirtió a los legisladores con iniciar movilizaciones por el accionar de los asambleístas y dijo que se analizará de forma jurídica y económica las alternativas para obtener los recursos que son necesarios para los diferentes municipios del país.
“Los alcaldes estamos en estado de emergencia, no descartamos cualquier medida de hecho desde los diferentes puntos de los nueve departamentos porque desde hoy, después de la conferencia de prensa, vamos a entrar a debate técnico jurídico y financiero para buscar alguna alternativa para poder salir y desempantanar, descongestionar estos recursos que tiene garantizando el hermano Lucho (Luis Arce)”, indicó.
Para el director ejecutivo de la FAM-Bolivia, Rodrigo Puerta, el rechazo al PGE Reformulado afectará a los sectores de salud y educación, además de no atender los efectos por la crisis climática.
Advirtió que los legisladores del ala evista como los opositores no solo obstruirán el PGE 2023 Reformulado, sino que asumirán la misma postura con otros proyectos que ingresen a la Asamblea Legislativa.
“Queremos denunciar y poner en evidencia a esa Asamblea Legislativa, a esos asambleístas que han traicionado a los gobiernos municipales, a la gente y al país en su conjunto porque creemos que esto no va a ser solo por el PGE del reformulado de 2023, seguramente nos traicionarán también en el PGE de 2024, seguramente lo harán en el reformulado de 2024, seguramente lo harán en las leyes de aprobación de créditos, en las leyes de aprobación de muchos otros elementos”, dijo.
El secretario ejecutivo del CEUB, Freddy Mendoza, sostuvo que al no aprobarse el PGE Reformulado se afectará en el pago de becas a los universitarios, los salarios del personal administrativo, los proyectos que estaban pendientes para su ejecución. Por tanto, advirtió con medidas de presión como movilizaciones en demanda de recursos.
“Instamos a los legisladores a rectificar esa posición negativa que tienen en contra de nuestro pueblo, en realidad por ese mismo hecho en cualquier momento estaremos a la espera de una movilización a nivel del sistema de universidades”.
Mientras que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, repudio y calificó como un boicot económico perpetrado por 92 legisladores que rechazaron el proyecto de ley.
