Bajo la atenta mirada de los alcaldes de varias regiones y de organizaciones sociales, los senadores aprobaron este martes el Proyecto de Ley 464/2022-2023 Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que adiciona recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455.173.440; y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252.
La votación de la Cámara Alta concluyó con 22 votos a favor y 10 en contra. Emitieron su voto 32 senadores. Resta el voto de los diputados, que se encuentran argumentando su decisión. Si en la Cámara Baja también gana el sí, la norma estará aprobada y pasará al Ejecutivo.
Tras instalarse la sesión, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, sugirió votar por la suficiente discusión del proyecto para agilizar la votación. Con dos tercios, se aprobó la moción e inició la votación nominal.
El mayoritario voto a favor mostró que los dos sectores del Movimiento Al Socialismo (evistas y arcistas) se unieron para dar vía libre a la norma.
“De manera apurada tratamos de aprobar con algunas adicionales que nada tienen que ver con el proyecto. De todos modos, mi voto, al igual que de muchos senadores, es afirmativo”, dijo el senador del MAS, Leonardo Loza.
Varios legisladores reiteraron que nunca se opusieron a la aprobación del PGE y mucho menos perjudicar a las entidades territoriales autónomas; sin embargo, rechazaron las disposiciones adicionales.
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PGE
La senadora por Creemos Centa Rex votó en contra del proyecto por “coherencia”, aunque destacó la eliminación de dos disposiciones “persecutorias”.
“Exigimos seguir los procedimientos legislativos como correspondían, hubo muchas obstrucciones reprochables. Se comprueba que esos adicionales tenían carácter persecutorio, nuestra lucha no fue en vano. Por lo menos eso se consiguió. Yo no voy a aprobar por coherencia porque no considero correcto el procedimiento que se hizo”, dijo.
Al respecto la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, saludó que se hayan retirado los dos artículos adicionales más polémicos del proyecto de ley y garantizó que para la aprobación del PGE 2024 no permitirá que se vuelvan a incluir este tipo de disposiciones extras.
“No rechazamos (la primera vez) por capricho, sino respetando las leyes y por principios y valores. Tengo la obligación de respetar las leyes; quiero aclarar que Silvia Salame vino aquí a aportar al país no a buscar problemas y obstáculos, mi voto es porque sí”, indicó.
La cuarta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa se instaló la tarde de este martes para reconsiderar el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado.
En la sesión participaron alcaldes de varias regiones y organizaciones sociales “presionando” para la aprobación del documento.
Por la mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, pidió a la Asamblea retirar las disposiciones adicionales sexta y séptima del proyecto para viabilizar su aprobación y garantizar recursos para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
Los dos artículos eliminados permitían el intercambio de información entre las entidades de intermediación financiera (EIF) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para luchar contra la legitimización de ganancias ilícitas.
