El Gobierno saludó este jueves la sentencia condenatoria contra el exministro de Hidrocarburos y exautoridades de YPFB acusados de la paralización de la planta de Amoniaco y Urea (PAU) durante el 2019, asegurando que sienta un precedente para que nunca más nadie atente contra los bienes del Estado y del pueblo.
William Donaire, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, dijo que este tipo de hechos no pueden volver a ocurrir. Indicó que se dañó la economía del Estado, pero también al pueblo boliviano.
Asimismo, la autoridad recordó que la paralización de la planta durante 22 meses provocó un daño de $us 428 millones aproximadamente.
El viceministro recordó que, en 2019, durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez se hablaba que la planta era deficitaria, que su ubicación no era adecuada; y que había que llevarla a la frontera. Incluso advirtieron con venderla.
“Cuando entramos al Gobierno, el presidente dijo hay que reactivar la planta. El costo estaba por encima de los $us 53 millones. Hubo equipos que sufrieron daños en el sistema de vapor, en las turbinas. Ahora estamos con una planta funcionando con una producción mensual exitosa. Y está dando recursos a YPFB actualmente. Se calcula que pasa de $us 428 millones el daño económico al Estado, esta situación nunca más se debe dar”, dijo Donaire.
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Planta
En tanto la directora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), María Criales, explicó que el lunes 27 en el tribunal departamental de Cochabamba se dará lectura inextensa de la sentencia.
Criales explicó que el juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal de Ivirgarzama, en Cochabamba, dictó sentencia condenatoria contra el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora Castedo, y el ex presidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro. Ambos fueron condenados a ocho años de cárcel; por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Junto a ellos, también fueron sentenciados: Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado, Carlos Vilar Gutiérrez a ocho años de presidio e Ivert Oliva Soria a cinco años y cuatro meses.
“Recibieron la máxima pena establecida en el código penal”, acotó la abogada.
Los sentenciados fueron hallados responsables de la paralización del complejo industrial de Bulo Bulo, en Cochabamba, lo que generó pérdidas económicas para el Estado; debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante. También se los responsabiliza de daños a equipos de alto valor, turbinas y calderos, entre otros.
