La Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente declaración de no competencia por el Tribunal Arbitral en el proceso de estatización de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).
A través de un comunicado de prensa, Soboce aclaró que el Tribunal Arbitral de la Haya se declaró incompetente para juzgar el caso y no falló a favor del Estado boliviano.
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“La empresa ha reafirmado que sus reclamaciones se mantienen intactas y continúan fundamentadas en la legislación boliviana, específicamente en el Decreto Supremo 616. En este sentido, el comunicado señala que, a pesar de que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya se declaró incompetente para tramitar la demanda de 269,4 millones de dólares impuesta por Soboce, la empresa cementera y sus accionistas, incluyendo el Grupo Gloria del Perú, mantienen su posición y derechos”, señala la nota de Soboce.
Asimismo, subraya su compromiso con el estado de derecho y el debido proceso, expresando su intención de continuar buscando el reconocimiento de sus derechos a través de los canales judiciales y/o arbitrales correspondientes, ya sean nacionales o internacionales.
La empresa también destaca la garantía constitucional de compensación en casos de expropiación y reitera su prohibición de confiscación de bienes, activos y derechos.
Como gesto de buena voluntad y en un esfuerzo por buscar una resolución pacífica, Soboce ha indicado que iniciará un diálogo constructivo con las autoridades bolivianas, que buscará una solución que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible del país.
A través del Decreto Supremo 616 del 1 de septiembre de 2016, se dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones transferidas a Soboce en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca por la nacionalización de Fancesa.
Soboce, el Consorcio Cementero del Sur, Yura Inversiones Bolivia SA y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones.
Alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje “una notificación de arbitraje”.
