De los 14 días ya transcurridos en enero de este 2024, en siete de ellos se registraron bloqueos en el departamento de Cochabamba, lo que ocasionó al momento una pérdida para esa región de Bs 115 millones.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, lamentó que los sectores movilizados realicen las medidas de presión sin analizar los efectos negativos que ocasionan a la economía del departamento y del país.
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“La afectación económica de estos siete días que hemos tenido bloqueado (el tránsito de camiones por la ruta troncal), tanto los cuatro días al oriente y ahora estos tres, y todo aquello, ya suman una afectación al departamento de más de 115 millones de bolivianos y no nos podemos dar el lujo de bloquear”, sostuvo Laredo.
Entre el 3 y 6 de enero, los pobladores de Colomi, Cochabamba, bloquearon la carretera nueva a Santa Cruz. La medida de presión se asumió porque se rechazaba un supuesto “pre censo”, pero que, luego del diálogo con autoridades del Gobierno y del Instituto Nacional de Estadística (INE) se aclaró que se realizaría la cartografía georreferencial para el Censo del 23 de marzo.
El otro problema se originó el sábado en el municipio de Santiváñez, luego de que se destrozara el pórtico de ingreso a esa región y que se atribuyó a conflictos limítrofes con el municipio de Cercado.
La dirigencia cívica de Santiváñez dio un plazo hasta este lunes para que la Gobernación de Cochabamba busque una solución al conflicto, caso contrario, se comenzarán con los bloqueos en las carreteras.
Constitución
Laredo lamentó las posturas de las comunidades y pidió al Gobierno hacer respetar la Constitución Política del Estado (CPE) para garantizar la transitabilidad.
“Creo que en ese sentido llamamos a las autoridades que realmente puedan hacer cumplir la ley, porque nosotros no tenemos nada que ver con estos asuntos de estos municipios, pues en la Constitución Política nos ampara para tener libre transitabilidad y por eso exigimos a las autoridades que puedan levantar los bloqueos de las diferentes vías del país”, expresó.
Como entidad empresarial, Laredo adelantó que se presentará a la brigada parlamentaria, la próxima semana, un proyecto de ley para evitar que se afecte a la economía.
“Con eso no estamos queriendo que se elimine la protesta social, sí existe en la Constitución, pero tenemos que saber cuáles son nuestros deberes y obligaciones y sobre todo en las responsabilidades de las autoridades”, añadió.
Sectores campesinos de Santa Cruz, afines al expresidente Evo Morales, anunciaron un bloqueo indefinido de caminos desde este martes. Denunciaron la toma de la sede de la Federación Sindical de Campesinos por parte de grupos apoyados por el Gobierno.
