La Procuraduría General del Estado (PGE) asesora al Ministerio de Salud y a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) para evitar un posible arbitraje de una empresa rusa que reclama por el pago de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19.
“Recientemente he sido solicitado para asesoramiento por el Ministerio de Salud y por el CEASS que me dicen: ‘tenemos una posible controversia con el gobierno ruso, con la empresa rusa que nos está reclamando el pago de las vacunas Sputnik’”, reveló ayer el procurador César Siles en entrevista en Bolivia Tv.
Indicó que una de las primeras acciones fue reunirse con los representantes de la empresa rusa para llegar a un acuerdo. “Los hemos convocado, ya nos hemos reunido con los representantes de la empresa rusa y ojalá lleguemos a un arreglo de la controversia”.
El 30 de diciembre de 2020, Bolivia y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF por su sigla en inglés) firmaron un contrato para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
La vacuna Sputnik V fue desa-rrollada en Rusia por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación Epidemiológica y Microbiológica, que tiene el apoyo del RDIF. El fondo soberano de Rusia ha invertido también en la producción a gran escala de la vacuna por parte de sus empresas participadas.
ARREGLO
Siles subrayó que la Procuraduría General del Estado es parte del arreglo en esta posible controversia, por lo que “está interviniendo en la fase pre arbitral para evitar el arbitraje”.
El Procurador no dio detalles del monto que se adeuda ni de las condiciones en las que fue adquirido el lote de vacunas Sputnik V contra el COVID-19.
En otro tema, Siles informó que la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, emitirá en mayo su dictamen del caso AFP Futuro, que se refiere al cambio de administración del Sistema Integral de Pensiones.
“En los casos de inversiones, porque tenemos arbitrajes de inversiones y arbitrajes comerciales, solo nos queda que se dicte el laudo arbitral en el caso de Zurich, que es la AFP Futuro, entendemos que en mayo de este año se va a dictar el fallo”, indicó.
El arbitraje se activó en virtud al cambio de administración del Sistema Integral de Pensiones, de acuerdo al marco constitucional y la promulgación de la Ley 065 de Pensiones de 2010.
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El 1 de abril de 2019, los accionistas de Futuro de Bolivia AFP SA notificaron a Bolivia sobre la existencia de una controversia en el marco de los acuerdos de inversión que el Estado suscribió con la Confederación Suiza y con el Reino de Suecia. El 15 de julio de 2020, Bolivia presentó su respuesta a los representantes de Zurich.
El 17 de agosto de 2020, las partes en el procedimiento suscribieron un Acuerdo Procesal que determina claramente los pasos a seguir para la conformación del Tribunal Arbitral. Habiendo escogido las partes a sus respectivos coárbitros, el 16 de noviembre se recurrió a la Autoridad Nominadora para la selección del Árbitro Presidente. La audiencia de fondo se realizó el último trimestre de 2023. Zurich reclama un pago de $us 129,1 millones.
Siles indicó que una vez se conozca el fallo se hará una evaluación y si el dictamen es contrario, se presentará un recurso de nulidad.
