El Procurador general del Estado, César Siles, informó que desde que asumió el cargo, en septiembre del 2023, se trabajó en la bolivianización de la defensa del país en los litigios que se tienen con diferentes empresas, lo que permitió un ahorro de $us 45 millones.
Sostuvo que antes de su gestión, se destinaba más de $us 68 millones para la defensa legal del Estado en los procesos internacionales, se contrataba bufetes de otros países
“Lo primero que hemos hecho es la bolivianización, el ahorro ahí es significativo, eran 16 millones de dólares destinados únicamente a la contratación de abogados; en total 68 millones de dólares se gastaba en la defensa del Estado hasta antes de nuestra gestión y, ahora, con la nuestra se reduce significativamente a 23 millones de dólares, que sigue siendo un monto alto, pero ya es mucho menor, (son) 45 millones (de dólares) el ahorro”, manifestó.
Lea también: Bolivia espera resultados favorables de 9 laudos en 2023
Siles sostuvo que al momento la Procuraduría atiende 12 procesos, entre prearbitrajes y arbitrajes, de los que en ocho se está en etapa de negociación, lo que se llama “defensa preventiva del Estado” para evitar que se llegue a un litigio.
Entre los casos que defiende la Procuraduría está el proceso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contra la española COPASA por el incumplimiento del contrato de construcción de la carretera Nazacara – Hito IV, Tramo III Santiago de Machaca–Hito IV. La firma extranjera activó una controversia arbitral de carácter comercial contra la ABC en el marco del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Indicó que, debido al cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, Bolivia procedió al resarcimiento de varios contratos con empresas inversoras, lo que derivó al inició de varios litigios internacionales.
Procesos
“En mi gestión hemos recibido tres notificaciones, dos laudos favorables donde Bolivia no paga ni un solo centavo; en el caso Soboce, que nos demanda por 230 millones de dólares, y en el caso Orlandini que no se dio ni un solo peso que tenía una demanda de 500 millones de dólares”, explicó.
En cambio, dijo, Bolivia fue notificado con un laudo desfavorable, el caso de Glencore por $us 253 millones; sin embargo, en la primera gestión se logró una rectificación favorable por parte de las instancias judiciales y ahora se tienen un monto de $us 180 millones.
Siles afirmó que ese es el trabajo de la Procuraduría, el agotar todas las instancias que estén a su alcance para evitar que el Estado realice pagos por los laudos en contra del Bolivia.
En los arbitrajes comerciales, sostuvo que Bolivia ha sido notificado con siete casos desde gestiones anteriores, de lo que uno ya tiene laudo, el caso Emapa que estaba demandándole por $us 5 millones y la Procuraduría asumió la defensa y obtuvo un resultado favorable, “no le dio la razón a la empresa demandante”.
“Los otros casos están en negociación, están todavía en litigio arbitral, no tenemos la certeza cuándo se van a emitir los laudos y tal vez en unos de esos casos lleguemos a un arreglo amistoso con las empresas respectivas”, indicó.
