Un ingeniero de obras fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro en La Paz y otros dos exaltos ejecutivos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recibieron detención domiciliaria en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.
Cuatro audiencias de medidas cautelares se realizaron hasta este jueves, según informes del Ministerio Público.
Este jueves, Paul Q, B., exgerente de recursos evaporíticos, y Cristian A.A., exencargado de fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras, Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.
En la primera audiencia, realizada el martes, el exministro de Minería Luis Alberto Echazú Alvarado recibió detención domiciliaria además de arraigo y una fianza. La exautoridad cumplió con los requisitos y salió de celdas policiales donde permaneció durante dos días.
Según el informe oficial, Echazú está acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estados y conducta antieconómica. Paul Q. B., Cristian A. A. y Jorge F. M., son investigados por incumplimiento de deberes.
Este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.
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YLB
La autoridad confirmó que son 11 las personas investigadas por este caso. Uno de los investigados es el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, quien el miércoles fue hallado sin vida.
La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico de la carta póstuma que supuestamente dejó.
Los otros investigados son exdirectores de operaciones, exjefes de obras civiles exjefe de plantas y representantes de la empresa que se adjudicó los contratos para la construcción de las piscinas.
El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.
La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado; incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.
