Para garantizar la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio, la presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó este viernes que la estatal logró reparar cinco de las 18 piscinas industriales dañadas por mal manejo y mala administración en gestiones pasadas, según una auditoría.
“Se hizo el arreglo de cinco de las 18 piscinas encontradas para proveer la materia prima a la planta de carbonato; pero no será suficiente y estamos llevando las acciones correspondientes”, manifestó Calderón.
La autoridad destacó que YLB logró reimpermeabilizar las cinco piscinas dañadas; tarea que fue ejecutada por el propio personal calificado de las plantas, tras recibir capacitación; logrando un ahorro a la empresa que contrataba en años anteriores a privados para esa labor.
La reparación de las piscinas permitió habilitar tres de las 12 líneas de producción de materia prima, garantizando una producción del 30% en las plantas de cloruro de potasio y de carbonato de litio.
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Asimismo, Calderón destacó como un logro la puesta en marcha de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, a través de un proceso de reingeniería, ya que el proyecto presentaba deficiencias técnicas en su diseño; también se logró instalar la planta de tratamiento de agua para la provisión del líquido para la nueva factoría.
“El proceso de industrialización sigue adelante pese a estas dificultades y problemas encontrados. (…) Se tomaron las acciones para subir la capacidad de las plantas; estamos viendo en paralelo otro tipo de tecnología como es la Extracción Directa de Litio (EDL) y el aprovechamiento de otros recursos evaporíticos con la segunda convocatoria internacional que está en marcha”.
YLB presentó esta semana una denuncia contra exfuncionarios de la estatal; por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato; porque dejaron inoperables a 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial.
La denuncia es el resultado de un proceso de auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.
