Edwin U. Y., exsupervisor de la planta de litio en Uyuni e implicado en la denuncia de presuntas irregularidades en la construcción de las piscinas de las plantas de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), fue enviado este miércoles a la cárcel de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva.
La justicia halló presuntos indicios en su contra cuando cumplía funciones en la planta de la estatal, por lo que determinó que guarde detención preventiva durante tres meses.
Con Edwin U. Y., suman dos los encarcelados en el marco de la investigación de la denuncia presentada por YLB. El exfuncionario Jorge F. M., también fue enviado hace unos días con detención preventiva al penal de San Pedro.
Antes, fue aprehendido el exministro de Minería y exgerente nacional de recursos evaporíticos, Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria.
Similar suerte corrieron Paul Q. B., y Cristian A.A., exfuncionarios. La Policía confirmó que aún restan por ejecutar seis órdenes de aprehensión.
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Extinguen caso YLB
Entre los investigados del caso estaba el exgerente Juan Carlos Montenegro, quien fue hallado muerto hace unos días.
Al respecto, la abogada Audalia Zurita informó que, mediante una resolución judicial, la investigación en contra del exgerente fue extinguida.
“Una resolución fue emitida por el juez Sexto penal Anticorrupción y de Violencia hacia la Mujer que dispone el cierre del caso o extinción de la acción respecto del ingeniero Juan Carlos Montenegro y además la orden para que se archive la investigación”, explicó.
El 18 de abril, YLB presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales del Complejo Industrial de Uyuni que ocasionaron un daño económico al Estado por 425 millones de bolivianos.
La estatal YLB presentó la denuncia debido a que 18 piscinas de evaporación destinadas a proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio están inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría. Aunque cinco ya fueron recuperadas.
La investigación estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425 millones.
