El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó a la Cámara de Senadores una respuesta al Requerimiento de Informe Escrito (RIE) enviado sobre el tratamiento de los 19 contratos mineros, que aguardan ser considerados en el pleno senatorial.
Callisaya observó que, si esta instancia legislativa no cumple con la emisión de esta información, está incumpliendo uno de los pilares del Acuerdo de Escazú suscrito por Bolivia como país miembro, el cual establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información para que la población conozca sobre proyectos que puedan tener impacto en el medio ambiente.
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“Quiero pedir al Senado pueda responder a la Defensoría del Pueblo como parte del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, del cual es parte el país”, indicó el Defensor del Pueblo.
Señaló que se envió el requerimiento porque no existe claridad en la información disponible sobre si estos 19 contratos tienen un estudio de impacto ambiental.
“No hay claridad en cuanto a su ubicación (los lugares donde se realizará la explotación de minerales), o si hubo consenso con la población”, subrayó.
El defensor del Pueblo manifestó que, en caso de que el Senado no responda a este requerimiento de información, la Defensoría del Pueblo asumirá las acciones necesarias, en el marco del ordenamiento jurídico nacional constitucional e internacional en materia de derechos humanos.
La Comisión de Economía Plural del Senado avaló el 19 de abril el informe del proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz y cooperativas auríferas, y los remitió para su tratamiento en el pleno de esa Cámara. A la fecha, esa instancia aún no trató la norma.
Tratamiento
El 9 de abril, la Cámara de Senadores había devuelto a Diputados el proyecto, argumentando que venció el plazo de 90 días para su tratamiento fijado por la ley minera.
Sin embargo, la Cámara de Diputados precisó, mediante una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la comisión, que comenzó el 25 de enero de este año.
El 4 de abril, Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas; para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.
Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas.
