Otro asepcto importante del decreto supremo que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, es que el Gobierno endurecerá las sanciones penales y, ahora, aquel que incurra en el delito de contrabando, llevando productos nacionales hacia los países vecinos, puede recibir una condena de hasta 14 años.
“Comete delito de contrabando de exportación agravado cuando se transporte o intente extraer alimentos, sin cumplir los requisitos legales, será sancionado con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los elementos del delito”, leyó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
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La Ley 100, de 2011, establecía sanciones de entre ocho a 12 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito.
Sin embargo, debido a que el contrabando a la inversa se incrementó en el último periodo, el Gobierno consideró que se debe endurecer las sanciones para que los casos no sean replicados.
El viceministro de Derechos del Usuario y Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, a la fecha, al menos 60 personas fueron detenidas por dedicarse a delitos de agio, especulación y contrabando. Sin embargo, protestó que no se hayan iniciado procesos legales contra personas que incurren en delitos.
Según el Gobierno, una de las principales causas del alza de precios en el país es que los productores y vendedores llevan la mercancía hacia los países vecinos.
“Vamos a contribuir a que ese contrabando disminuya y que también se estabilicen los precios en el mercado interno”, señaló Huanca.
Más allá del control, el decreto también plantea la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las zonas fronterizas para permitir una respuesta ante aquellos que infrinjan la normativa.
