Con el objetivo de detener el contrabando a la inversa en las zonas fronterizas, el Gobierno incrementó el control militar. Dos mil efectivos realizan los operativos para impedir que los productos nacionales salgan a los países vecinos, donde se venden a mejores precios.
“Para la lucha contra el contrabando, hemos activado todos los comandos estratégicos en los nueve departamentos. Aproximadamente hemos incrementado en 2.000 efectivos que están haciendo el control, la interdicción del contrabando”, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, en conferencia de prensa.
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Control
De acuerdo con la autoridad, esta medida obedece a la instrucción del presidente Luis Arce de militarizar las zonas fronterizas. Asimismo, responde al Decreto Supremo 5245, que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, para un mayor control de los productos que se trasladan a las zonas que limitan con los países vecinos.
Según el Gobierno, debido a que los productos se mantienen a bajos precios en Bolivia, algunos comerciantes, productores e intermediarios deciden llevar sus productos al extranjero, donde pueden ganar más dinero. Esto es conocido como contrabando a la inversa y genera un alza de precios en el mercado interno.
“Lastimosamente, el accionar de los contrabandistas es que, una vez que se los intercepta, lo primero que hacen es abandonar su vehículo y darse a la fuga. Hasta la fecha, no tenemos personal detenido para que pueda ser puesto a disposición de la justicia”, afirmó Velásquez.
Justamente, con el Decreto Supremo 5245 las personas acusadas por el delito de contrabando pueden enfrentar condenas de entre 10 a 14 años de cárcel. El objetivo del Gobierno es endurecer las sanciones para que estos hechos no se repliquen Antes, las sanciones eran de entre 8 a 12 años.
