La Asociación Departamental de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) expresó su rechazo a las recientes disposiciones del Gobierno que afectan al sector, como la habilitación de surtidores móviles y la reducción en las ventas directas de combustible a los consumidores.
“Asosur expresa su total desacuerdo y disconformidad a la propuesta realizada por el gobierno para el sector agropecuario de Santa Cruz, referente a la implementación de surtidores móviles, en desmedro del sector de las Estaciones de Servicio, que hoy por hoy se ven afectadas por las últimas disposiciones emanadas por el Gobierno”, protestan en un comunicado.
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Asosur
Según Asosur, el Gobierno dispuso la venta de máximo 120 litros fuera de tanque por mes y además disminuyó “las ventas directas de 20.000 litros al mes a solo 5.000 por mes por cliente”.
Por ello, consideran que los surtidores móviles que anunció el presidente Luis Arce para atender a los productores de las zonas más alejadas representan una competencia desleal y afectará todavía más a las estaciones de servicio de Santa Cruz.
Asimismo, criticaron la Resolución Ministerial 765/2024, que establece que solo Yacimientos Privados Fiscales Bolivianos (YPFB) comercialice diésel ULS, excluyendo a las estaciones de servicio privadas.
Según la Asociación, las medidas perjudican gravemente al sector, que durante años ha sido el último eslabón en la cadena de distribución de hidrocarburos.
“El problema no es la falta de infraestructura para comercializar combustibles, sino la falta de diésel para abastecer la demanda de la población”, señalaron en su comunicado.
El sector exigió que se restablezcan los volúmenes necesarios para cubrir la demanda interna y evitar el impacto económico sobre las empresas que han invertido en estaciones de servicio en el departamento.
Advirtieron que las restricciones actuales no solo afectan al sector, sino también al desarrollo económico regional y a la población que depende del suministro constante de combustibles.
Con estas demandas, la Asociación instó al Gobierno a reconsiderar las medidas adoptadas y priorizar soluciones que garanticen la estabilidad del mercado interno.
