La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), a través de su director Mauricio Serrate, manifestó inquietudes respecto a la reglamentación del Decreto Supremo 5271, que autoriza la libre importación y comercialización de combustibles por parte de sectores privados.
Serrate identificó tres aspectos clave que podrían afectar la implementación de la norma, cuya vigencia inicial está limitada a un año.
El primero es el tiempo: “Invertir en la logística para importar y comercializar combustible es costoso, y la incertidumbre de una vigencia tan breve desincentiva a las empresas interesadas”, señaló en entrevista con Unitel.
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Combustibles
En segundo lugar, el decreto menciona trámites complejos basados en normativas previas, lo que podría entorpecer el proceso. Además, las autorizaciones deben pasar por Sustancias Controladas, lo que agrega otra capa de burocracia.
Serrate sugirió una «liberalización total», eliminando restricciones temporales y tributos que dificulten la operatividad.
El tercer punto concierne a la división entre empresas que importarán para consumo propio y aquellas que venderán al público. Según Serrate, estas últimas enfrentarán mayores desafíos debido a los costos y los trámites involucrados.
Asimismo, destacó que el sector agropecuario ya enfrenta las consecuencias de la falta de combustible, lo que hace urgente la implementación efectiva de la normativa. A causa de la escasez de diésel, este sector advirtió que la seguridad alimentaria del país se encuentra en riesgo.
“El problema ya está instalado. No podemos darnos el lujo de prolongar las soluciones con más comités y trámites burocráticos”, advirtió el director de Fegasacruz.
La reglamentación, que debería entregarse este miércoles por el Gobierno, se considera crucial para asegurar un suministro eficiente y menos dependiente de los subsidios estatales, los cuales enfrentan dificultades en la logística de distribución.
