El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 presentado por el Gobierno proyecta una inversión pública de $us 4.024 millones, que se enfocará en áreas clave para la generación de excedentes y la mejora de servicios.
Hidrocarburos, electricidad y minería recibirán $us 1.849 millones, con énfasis en el desarrollo industrial ($us 491 millones), distribución de energía ($us 483 millones), industrialización y exploración de hidrocarburos ($us 368 millones) y minería ($us 267 millones).
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Inversión
Una de las políticas que prioriza el Gobierno para la próxima gestión es incrementar la producción de hidrocarburos y la reposición de reservas mediante la optimización de recursos existentes
Asimismo, el sector de infraestructura contará con $us 851 millones, de los cuales $us 770 millones estarán destinados a transporte, priorizando el mantenimiento y construcción de carreteras y mantenimiento de vías. Además, $us 54 millones serán para comunicaciones y $us 27 millones para recursos hídricos.
Para el ámbito social se asignará un total $us 1.202 millones. Entre estos, destacan $us 341 millones para salud, destinados a la construcción de hospitales, equipamiento y fortalecimiento de infraestructura.
Por otra parte, urbanismo y vivienda recibirán $us 325 millones, mientras que educación contará con $us 235 millones, apuntando a mejorar los servicios básicos y garantizar el acceso en todo el territorio nacional.
En comparación con años anteriores, la inversión pública refleja una reducción de $us 200 millones, pues en 2024, por ejemplo, alcanzó los $us 4.274 millones.
Los recursos también fortalecerán áreas multisectoriales como defensa, seguridad ciudadana y medio ambiente, con $us 121 millones destinados a estos rubros.
Asamble
Este enfoque busca garantizar un crecimiento equilibrado entre las necesidades sociales y productivas del país, sin descuidar la protección de la población y del territorio.
El Gobierno remitió el PGE 2025 a la Asamblea Legislativa el pasado 31 de octubre. Por normativa, los legisladores tienen un plazo de 60 días, antes de que termine el año, para aprobar el presupuesto.
Si no es tratado en la Asamblea en los plazos correspondientes, el PGE entrará en vigencia de todas formas a partir del 1 de enero de 2025, según lo que establece la Constitución.
