Tras haber realizado la verificación en las plantas de aceite, el Gobierno confirmó que el producto se elabora con regularidad y se distribuye a los mayoristas para que se venda en los mercados nacionales. Por ello, el abastecimiento debería ser normal, por lo que se advirtió con acciones legales contra los “especuladores”.
“Hemos podido corroborar que su producción es normal, que los canales de distribución no se han suspendido (…), entonces alguien le está robando a la población boliviana (…), no les vamos a dejar, esta información la vamos a procesar para iniciar las acciones penales correspondientes”, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
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Aceite
La autoridad se trasladó a Santa Cruz para verificar que el litro de aceite envasado se comercialice en Bs 11 y Bs 10 el aceite de granel.
Sin embargo, en departamentos como La Paz el costo del producto supera los Bs 17, cuando su costo, en el “peor de los casos” debería ser de Bs 13.
Por ello, el viceministro señaló que hay “una mano negra” que especula con la economía de los bolivianos y especula con el producto. Inclusive, Silva señaló que se oculta el producto para venderlo en precios más elevados.
No obstante, Silva reconoció que los productores de aceite y las industrias oleaginosas tuvieron dificultades por la falta de diésel, pero que su situación se regularizó y el incremento de precios del aceite es injustificable.
Una de las hipótesis del viceministro es que los mayoristas llevan el producto de contrabando a los países vecinos, principalmente a Perú y Brasil, para venderlo a mayores precios.
Explicó que el Gobierno tiene la “lista de los mayoristas”, contra quienes iniciará un proceso de investigación y fiscalización para evitar que continúen beneficiándose a costa de la economía de la población.
Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con el sector para evaluar la situación y garantizar el abastecimiento del aceite hasta final de año.
