El diputado Carlos Alarcón, representante de Comunidad Ciudadana, criticó el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y lo calificó como un “latrocinio y un terrorismo de Estado”.
En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Alarcón expuso varias observaciones y advirtió sobre los riesgos de las disposiciones contenidas en el documento.
Según Alarcón, una de las principales preocupaciones recae en el artículo adicional 13 del proyecto, que otorga al Ministerio de Economía la potestad de contraer deuda externa por hasta $us 3.000 millones sin pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
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“Esto es un cheque en blanco al ministro de Economía, quien podrá disponer de estos recursos en rubros de libre disponibilidad, como apoyo presupuestario o pago de pasivos”, señaló.
Alarcón cuestionó la legalidad de esta disposición, señalando que vulnera el artículo 322 de la Constitución, que establece la obligación de que cada préstamo sea autorizado por la Asamblea y se demuestren las condiciones más ventajosas para el país.
“Esto no solo desplaza a la Asamblea Legislativa de su rol fiscalizador, sino que además abre la puerta al derroche y al uso indebido de recursos públicos en el marco de la campaña electoral del MAS”, afirmó.
Sin embargo, Bolivia efectuó la primera emisión de bonos por $us 500 millones en 2012. La segunda colocación se la hizo en 2013 por otros $us 500. La tercera colocación se registró en marzo de 2017, cuando se emitieron $us 1.000 millones. En 2022 Bolivia colocó $us 850 millones al 7,5% anual.
Las tres primeras colocaciones son a 10 años plazo y las tasas de interés son variables. En la primera emisión la tasa fue de 4,875%, en la segunda de 5,95% y en la última, 4,5%. La última colocación es a un plazo de ocho años.
Bolivia ya cumplió con el pago de la primera y la segunda emisión de los bonos soberanos a los acreedores privados. La tercera colocación vence en 2027 y la última en 2032. La emisión de un bono soberano es un instrumento de deuda emitido por un Estado con el objeto de acceder a recursos a través del mercado de capital.
Otro aspecto preocupante para Alarcón es la inclusión de disposiciones que permiten la confiscación de bienes de comerciantes e industriales bajo la sospecha de alza de precios en productos básicos. Según el diputado, esta medida, que no guarda relación directa con el presupuesto, constituye un acto de “terrorismo de Estado” y busca trasladar al sector privado la responsabilidad de la crisis económica del país.
“Pretenden decomisar bienes legalmente comercializados sin la intervención de jueces ni fiscales competentes. Esto es inconstitucional y generará mayor incertidumbre económica”, denunció.
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