El Ministerio de Justicia informó sobre los resultados de los operativos interinstitucionales realizados en La Paz, El Alto y Montero (Santa Cruz), con el objetivo de combatir el agio y la especulación en productos esenciales de la canasta familiar.
En La Paz, se intervino en la zona El Tejar, donde se identificaron irregularidades en seis tiendas, incluyendo el almacenamiento irregular de 3.000 litros de aceite a granel y la venta de productos vencidos y sin registro sanitario.
Ante estas infracciones, el Ministerio aplicó sanciones administrativas y ordenó la venta directa del aceite incautado.
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Aceite
En El Alto, las operaciones se centraron en las zonas Faro Murillo y Villa Dolores, donde se detectaron irregularidades en nueve tiendas. Entre los hallazgos más relevantes está el acopio de aceite, lo que llevó a la aprehensión de la propietaria y el precintado del local.
También se identificó el cobro de sobreprecio en la venta de arroz, por lo que dos propietarios fueron arrestados y tres personas fueron conducidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ser investigadas por los delitos de agio y especulación.
El operativo más significativo se desarrolló en Montero, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Arroz
Se inspeccionaron los ingenios arroceros «Imperio», «El Pantanal», «Tropical» y «Grano Real», donde se evidenció el ocultamiento de grandes cantidades de arroz, una práctica que genera el “aumento artificial” de precios. Como resultado, se secuestraron 5.600 quintales de arroz procesado y se identificaron 20.600 fanegas de arroz en chala.
El Ministerio de Justicia calificó estas acciones como un incumplimiento deliberado de las normas de comercialización, que afecta a las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables.
Esta cartera de Estado reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a precios justos y exhortó a la población a denunciar irregularidades a través de los canales oficiales.
Con estas medidas, el Gobierno busca frenar la especulación, garantizar la estabilidad de precios en los alimentos esenciales y proteger “el bolsillo de los bolivianos”.
