Consultada sobre un posible bloqueo al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 en la Asamblea Legislativa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que la Constitución Política del Estado establece que la Ley Financial se dará por aprobada y entrará en vigencia si no se trata en los plazos correspondientes.
“Cuando no se aprueba el Presupuesto en la Asamblea, en realidad, el Órgano Ejecutivo no lo aprueba mediante decreto supremo, sino que la Constitución y la normativa vigente (…) toman la previsión de que, si no se aprueba, el 1 de enero entra en vigencia por fuerza de ley”, afirmó en conferencia de prensa este domingo.
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PGE
El PGE, que fue aprobado con modificaciones en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, deberá tratarse en el pleno de la Cámara Baja y posteriormente remitirse a la Cámara de Senadores, hasta el 31 de diciembre.
Sin embargo, la mayoría de legisladores manifestaron su rechazo al proyecto de ley, apuntando contra una falta de austeridad, gastos presidenciales excesivos y artículos que ponen en riesgo las Reservas Internacionales Netas (RIN).
La disposición séptima adicional, la más criticada, fue suprimida del Presupuesto por la Comisión de Planificación, acusada de un control y fiscalización excesivos al sector productivo y a los comerciantes y gremiales.
Constitución
La Constitución señala en su artículo 158, parágrafo 11, que la Asamblea tiene la atribución de aprobar el PGE en un lapso de 60 días, pero “en caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.
Prada explicó que la medida se debe a que ninguno de los niveles del Estado puede quedarse sin dinero, pues necesitan el presupuesto para desarrollar sus respectivas actividades.
“Nuestro gobierno nacional como ningún gobierno subnacional puede quedarse sin presupuesto, pues tenemos que trabajar, las instituciones tienen que trabajar”, explicó.
En caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto hasta el 31 de diciembre, se daría el mismo escenario del actual PGE vigente, ya que, en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.
