La exministra Teresa Morales denunció este lunes que los contratos que el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa para la construcción de tres plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni son totalmente “inconstitucionales”.
Además, la exautoridad denunció que en el contrato con la empresa rusa Uranium One Group se evidenció un sobreprecio injustificado en relación al costo inicial previsto.
“Les llamamos la atención sobre un enorme sobreprecio. En el contrato inicial estaba estipulado un costo de 450 millones de dólares. Sin embargo, el contrato que han puesto en manos de los parlamentarios y que deben votar es de 966 millones de dólares”, denunció en conferencia de prensa.
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Contratos
En su criterio, el sobreprecio de $us 526 millones, “carece de justificación” y debe transparentarse antes de exigir la aprobación del proyecto.
El presidente Luis Arce y los ministros del área económica piden a los parlamentarios acelerar el tratamiento de los contratos en la Asamblea para que para el próximo año Bolivia produzca las primeras toneladas de carbonato de litio grado batería.
Sin embargo, Morales señaló que el contrato es inconstitucional debido a que no contempla lo establecido en la Ley 928, mediante la cual se creó Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
“Están queriendo firmar un contrato inconstitucional y violando la Ley 928”, protestó.
Además, la exautoridad denunció que la extracción directa de litio (ELD) consume grandes cantidades de agua que puede perjudicar a los comunarios y al medio ambiente.
“En ninguna parte del país se puede hacer ningún proyecto de extracción de recursos naturales sin consultar con la población (…), no hay ni un solo estudio que demuestre que no se va a hacer daño al medio ambiente y al consumo hídrico de la región”, acusó Morales.
Sin embargo, en el caso del contrato con Uranium One Group, el Gobierno aseguró que la tecnología de la empresa contempla el reciclado de agua y otras prácticas que son amigables con el ambiente.
