El asesor jurídico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, expresó su preocupación por el impacto negativo de los avasallamientos en el sector agropecuario, señalando que este año se registraron 327 propiedades tomadas ilegalmente, mientras que solo se ejecutaron 26 desalojos.
Esto representa menos del 10% de las acciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica en el sector.
“Más de 300 productores no pueden sembrar ni realizar actividades ganaderas debido a estas tomas ilegales. Solo en el norte de Santa Cruz, cerca de 20.000 hectáreas están amenazadas, lo que podría traducirse en una disminución de hasta 80.000 toneladas de granos en 2025”, afirmó Asturizaga.
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Avasallamientos
A esta problemática se suma la distribución ineficiente de diésel y la demora en la aprobación de biotecnología, lo que frena el crecimiento del sector agropecuario.
Según el ejecutivo, “las fuerzas del orden han sido rebasadas”, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos irregulares.
El reporte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicó que, aunque el sector pecuario mostró un leve crecimiento este año, este podría haber sido mayor si existiera seguridad jurídica.
Asturizaga instó a las autoridades a cumplir con los desalojos pendientes y a tomar medidas más efectivas para proteger a los productores nacionales.
El panorama de avasallamientos y la falta de soluciones integrales representan un riesgo no solo para el sector productivo, sino también para la seguridad alimentaria del país.
