La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) hizo un llamado al Gobierno central para trabajar en conjunto en el control del agio, la especulación y el contrabando inverso, problemas que califican como desbordantes y que, según los municipios, “escapan de sus manos”.
La reunión para abordar este tema está prevista para enero de 2025, según informó el presidente de la organización, Flavio Merlo.
El presidente Luis Arce, por su parte, criticó que los alcaldes no estén cumpliendo con su competencia constitucional de controlar estas actividades en los mercados locales, enfatizando que se trata de una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de la ciudadanía.
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Especulación y contrabando
Merlo, quien también es alcalde del municipio de Tiwanaku, admitió que las alcaldías, especialmente las de municipios fronterizos, enfrentan grandes limitaciones para frenar estas prácticas.
“Es un problema que nos sobrepasa. En Tiwanaku, por ejemplo, hemos organizado cabildos para regular precios, como el de la carne bovina, y trabajamos de la mano con autoridades originarias. Sin embargo, estas acciones son insuficientes”, afirmó.
Remarcó que el contrabando a la inversa, que implica la salida irregular de productos nacionales hacia países vecinos, afecta directamente la economía local y el acceso de las familias bolivianas a productos de primera necesidad.
Asimismo, Merlo señaló que el problema debe ser enfrentado de forma integral, incluyendo la participación de organizaciones sociales como la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Bartolina Sisa y, en el caso del departamento de La Paz, la Federación de Campesinos Tupac Katari.
“Es necesario que todos los actores trabajen juntos, desde los niveles locales hasta el Gobierno central, para garantizar que estas medidas tengan impacto”, sostuvo.
El presidente de la FAM también destacó que se están haciendo esfuerzos significativos, pero sin el respaldo de las instituciones estatales más altas, los municipios no pueden lidiar con el problema por completo.
Desde el Ejecutivo, el presidente Arce insiste en la responsabilidad de los alcaldes para controlar la especulación y el agio en sus regiones, pues no se trata de una competencia del Gobierno.
